La confirmación de la estrategia legislativa por parte del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, establece una ruta dual para la reforma electoral. Se busca reconfigurar el sistema ante la complejidad de la mayoría calificada, priorizando la eficiencia y el ahorro administrativo.
La confirmación del "Plan B" y su doble vía legislativa
La ruta trazada por el Ejecutivo y el Legislativo contempla dos momentos definidos. La iniciativa de reforma constitucional, que busca reducir el número de legisladores, eliminar plurinominales y establecer la elección popular de consejeros y magistrados, representa el Momento A. Esta propuesta, adelantada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta un panorama complejo para alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes) en el Congreso.
No obstante, ante la dificultad de obtener el consenso necesario para la reforma constitucional, se ha delineado un Momento B. Este consiste en un paquete de reformas a leyes reglamentarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya aprobación solo exige mayoría simple (50% más uno). El oficialismo se declara listo para activar esta segunda fase.
Ejes del "Plan B" de 2026: La búsqueda de la eficiencia administrativa
Según lo expuesto por el coordinador Mier y lo anticipado por la presidencia, el enfoque de las leyes secundarias se centraría en el "ahorro administrativo". Se contempla una serie de medidas destinadas a optimizar los recursos y la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se proyecta la compactación de estructuras, específicamente la reducción de las vocalías de las juntas distritales del INE, con el objetivo de disminuir costos operativos. Asimismo, se busca la fusión de direcciones para eliminar duplicidades funcionales dentro del Instituto. Un punto clave es el refuerzo de límites salariales, asegurando que ningún funcionario electoral perciba ingresos superiores a los de la presidencia. Finalmente, la implementación de mecanismos de voto electrónico se presenta como una medida para abaratar significativamente el costo de organización de los comicios.
El imperativo jurídico: Lecciones del pasado y la cautela legislativa
La experiencia previa de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó reformas similares por vicios en el procedimiento legislativo, impone la necesidad de una redacción con extremo cuidado jurídico para el presente "Plan B". Se observa una revisión exhaustiva de los precedentes judiciales.
El coordinador Mier Velazco ha enfatizado: "Estamos revisando los precedentes de la Corte para que la reforma a las leyes secundarias sea inimpugnable y respete los tiempos parlamentarios". Este enfoque busca blindar la propuesta ante futuras impugnaciones y asegurar su viabilidad legal.
Reacciones y el complejo escenario político-económico
La confirmación de esta estrategia ha generado diversas reacciones en el espectro político y económico. La oposición, integrada por el PAN, PRI y MC, ha calificado la propuesta como un intento de "asfixia presupuestal" al INE, anunciando impugnaciones ante cualquier acción que perciban como un debilitamiento del árbitro electoral.
Por su parte, los consejeros del INE han expresado preocupación, indicando que una reducción drástica en la estructura operativa podría comprometer la instalación de casillas en futuros procesos electorales. Desde el ámbito financiero, los analistas de mercado observan con cautela. Se reconoce que los cambios en la certidumbre institucional suelen generar un impacto directo en la percepción de riesgo país.
La agenda legislativa inmediata: Próximos pasos en el Congreso
En los próximos siete días, se anticipan movimientos clave en el ámbito legislativo. La Cámara de Diputados formalizará la recepción de la iniciativa constitucional de la presidenta Sheinbaum entre hoy y mañana.
Paralelamente, Morena intensificará el cabildeo en busca de los votos necesarios para la mayoría calificada. De confirmarse la inviabilidad de obtenerlos, el paquete del "Plan B" se presentará el próximo martes. Finalmente, se prevé la convocatoria a un parlamento abierto, donde especialistas discutirán los potenciales impactos del recorte presupuestal propuesto.
