La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México negó a Ocesa la suspensión de una resolución administrativa que la identifica como organizadora del festival Axe Ceremonia. Esta decisión, tomada el 6 de febrero de 2026, significa que el documento de la alcaldía Miguel Hidalgo, que acredita su responsabilidad junto a Ecolive, podrá seguir siendo público.
Este dictamen judicial representa un revés clave para la empresa, que buscaba impedir la difusión de los hallazgos tras el evento donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles en abril pasado. El proceso administrativo en el TJA corre paralelo a la investigación penal, que recientemente incluyó una audiencia de omisiones en las salas orales de Doctor Lavista.
El rechazo del TJA: mantener pública la evidencia de organización
El Tribunal de Justicia Administrativa se mantuvo firme al negar la solicitud de Ocesa para anular o suspender la resolución administrativa emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo. Este documento oficial no solo señala a Ocesa como organizadora del festival, sino también a Ecolive, responsabilizando a ambas de la logística del evento.
Fabián Victoria, abogado de la familia de Berenice Giles Rivera, explicó al término de la audiencia que la empresa intentó impugnar directamente la resolución y, además, solicitó una suspensión para evitar que el fallo administrativo pudiera seguir difundiéndose o fuera de acceso público.
"Esa resolución administrativa, Ocesa la impugnó y no solo eso, pidió que se le otorgara una suspensión para que esta resolución administrativa no pudiera ser pública, no pudiera seguirse difundiendo", afirmó el penalista. Con la negativa del TJA, este señalamiento de responsabilidad de organización se mantiene en el dominio público.
Avances en la vía penal: omisiones y la audiencia inicial pendiente
Simultáneamente, en las salas orales de Doctor Lavista se llevó a cabo una audiencia de omisiones donde se trataron puntos relativos a la investigación penal que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
En este acto, un juez determinó que la FGJ no actuaba ilegalmente al no incluir a las víctimas en los citatorios que fueron enviados a los representantes legales de Ocesa, dentro de la investigación activa.
La complejidad del caso penal sigue aumentando, especialmente en lo referente a la imputación por homicidio contra Ocesa y Servicios Lobo. Edwin Alan Piñón, abogado de la familia de Miguel Ángel Rojas, adelantó una acción legal crucial: solicitarán una revocación ante la Jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal. El objetivo de esta solicitud es revertir la determinación judicial que actualmente está impidiendo la realización de la audiencia inicial en el proceso penal.
La tensión se centra ahora en si los familiares de las víctimas conseguirán reactivar la audiencia inicial, un paso clave para establecer formalmente las acusaciones penales, mientras que la vía administrativa ya ha cimentado la responsabilidad organizativa de la empresa.
