El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado un vasto imperio financiero mediante la diversificación de actividades ilícitas. Se observa que el narcotráfico, el lavado de dinero, el fraude turístico, el cobro de piso, la minería ilegal y el huachicol son los pilares que sostienen su expansión y poder operativo.
¿Cómo el lavado de dinero y el fraude turístico amplifican la capacidad operativa del CJNG?
La evidencia técnica revela que el CJNG ha desarrollado una sofisticada infraestructura para el lavado de dinero, trascendiendo las operaciones tradicionales de narcotráfico. Se ha documentado el uso de redes de empresas fachada en sectores como el turismo, la construcción, la ganadería, la producción de tequila, la joyería y los bienes raíces, incluyendo hoteles. Estas estructuras permiten integrar miles de millones de dólares ilícitos al sistema financiero global. La organización Los Cuinis, por ejemplo, ha sido identificada como el brazo financiero clave del CJNG, facilitando estas operaciones.
Un ángulo particular de esta estrategia es el fraude de tiempos compartidos, predominantemente en destinos turísticos como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Nayarit. Las pruebas realizadas demuestran que el CJNG emplea centros de llamadas con operadores bilingües que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas para defraudar a propietarios de tiempos compartidos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses. Se ha constatado que complejos turísticos como Kovay Gardens funcionan como eslabones principales en estas estafas, generando cientos de millones de dólares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a múltiples individuos y entidades vinculadas a estos esquemas, incluyendo a operadores financieros como Óscar Antonio Álvarez González, quien durante 11 años construyó una compleja red de más de 60 empresas para el cártel. Además, se utilizan redes de lavado de dinero chinas (CMLNs), criptomonedas y contrabando de efectivo a granel para mover fondos ilícitos.
¿Qué mecanismos utiliza el CJNG para monetizar el cobro de piso y la minería ilegal?
Los datos confirman que el cobro de piso, o extorsión, es una fuente de ingresos constante y coercitiva para el CJNG. Esta práctica afecta a una amplia gama de negocios, desde pequeños comercios hasta grandes empresas, incluyendo cervecerías y destilerías de tequila en diversas regiones. Las investigaciones señalan que el cártel ejerce presión sobre funcionarios públicos, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, corrompiéndolos o incentivándolos para facilitar sus actividades y evadir la justicia. Se ha documentado que el CJNG ha llegado a exigir pagos anuales significativos a empresarios, como el caso de un presunto esquema de corrupción en el que un funcionario público extorsionaba a dueños de negocios en Jalisco, pagando 40 millones de pesos anuales al cártel.
Paralelamente, la incursión en la minería ilegal representa otra vertiente lucrativa. Se observa que el CJNG obtiene beneficios de la explotación ilícita de recursos naturales, incluyendo la minería de oro y otros minerales, así como la tala ilegal. Estas operaciones no solo generan ingresos significativos, sino que también permiten al cártel expandir su control territorial y social, a menudo a expensas del medio ambiente y las comunidades locales.
¿De qué manera el huachicol se ha transformado en un pilar estratégico para el financiamiento del CJNG?
El análisis técnico indica que el huachicol, o robo y contrabando de combustible, ha evolucionado hasta convertirse en una de las fuentes de financiamiento más sólidas y estratégicas para el CJNG, más allá del narcotráfico. Inicialmente centrado en el robo de ductos, el cártel ha sofisticado sus operaciones hacia esquemas de contrabando energético transfronterizo y marítimo.
Se ha constatado en implementaciones reales que el CJNG utiliza buques cisterna para introducir combustible a México, empleando documentación aduanera alterada y el apoyo de empresas fachada, incluso con sede en Estados Unidos. Un caso emblemático fue el del buque petrolero Torm Agnes, que ingresó al puerto de Ensenada con aproximadamente 120 mil barriles de diésel, una operación atípica para una terminal sin infraestructura especializada. El combustible, adquirido en el extranjero (principalmente Canadá y Estados Unidos), era declarado como lubricantes para evadir impuestos y controles, para luego ser comercializado a precios inferiores a los del mercado formal. Este "huachicol fiscal" genera competencia desleal y pérdidas fiscales millonarias, estimándose que las importaciones ilegales podrían representar hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, con un valor superior a 20 mil millones de dólares anuales. Empresas como Ikon Midstream, con sede en Houston, han sido implicadas en la gestión de estos envíos fraudulentos.
