La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha conseguido una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad de 100 años contra José Asterio Triano Castillo.
La sentencia fue dictada por un Juez de Juicio Oral por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de dos víctimas del sexo masculino, cuyas identidades se mantienen reservadas.
Esta sentencia desaparición cometida por particulares Cancún establece un precedente en la lucha contra el crimen organizado en el Estado.
El delito ocurrió el 15 de septiembre de 2022 en Benito Juárez. De acuerdo con los hechos acreditados ante la autoridad judicial, José Asterio Triano Castillo era integrante de un grupo criminal que operaba en la construcción de un centro de hospedaje en la Zona Hotelera, dedicado a la venta y distribución de narcóticos entre los trabajadores del lugar.
El motivo: la negativa a comprar estupefacientes
Las dos víctimas, que trabajaban en la obra, eran obligadas de manera sistemática a comprar drogas al grupo criminal. El 14 de septiembre de 2022, al salir de su domicilio para dirigirse a su trabajo, desaparecieron. El motivo de su privación de la libertad deriva de la negativa a comprar estupefacientes a la célula delictiva.
José Asterio Triano Castillo fue una de las últimas personas que tuvo contacto con las víctimas y participó en su privación de la libertad, trasladándolos junto con otros sujetos a un área de monte aledaña a la laguna. Desde ese lugar se escucharon gritos de auxilio. El paradero de las víctimas se desconoce hasta la fecha.
Reparación del daño y multa millonaria
Luego de examinar las pruebas aportadas, el Juez determinó la plena responsabilidad penal de José Asterio Triano Castillo. La sentencia desaparición cometida por particulares Cancún se dictó con una pena de 50 años por cada una de las víctimas, sumando un total de 100 años de prisión.
Además de la condena, el sujeto deberá pagar una multa por la cantidad de un millón 731 mil 960 pesos, así como la reparación del daño material por 864 mil 350 pesos por cada víctima.
