La jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, no admitió los amparos promovidos por ocho ciudadanos de Mahahual en contra del megaproyecto turístico Perfect Day, impulsado por Royal Caribbean. Esta decisión judicial generó una controversia inmediata, pues los colectivos denunciantes acusan a la jueza de incurrir en contradicciones al cambiar el criterio jurídico aplicado sobre un mismo acto, la modificación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU).
El meollo del conflicto legal gira en torno a cómo la jueza calificó la modificación del PDU, un factor determinante para establecer los plazos de impugnación. Mientras el colectivo Salvemos Mahahual y Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) prepara recursos de queja contra estos desechamientos, la situación vulnera los principios de seguridad jurídica, afectando directamente la capacidad de la comunidad para proteger su territorio y derechos ambientales.
El dilema del plazo legal: Acto administrativo versus ley
El fundamento central de la disputa radica en la aplicación cambiante de la Ley de Amparo. Los denunciantes, quienes buscan la protección federal ante actos que alteran su entorno ambiental, señalaron que la jueza Valencia Hernández utilizó dos criterios opuestos para calificar la misma modificación al PDU de Mahahual.
Criterio 1: Acto administrativo
En el primer amparo presentado, la jueza consideró que la modificación al PDU constituía un acto administrativo.
- Plazo de impugnación: 15 días.
- Inicio del conteo: A partir del momento en que las personas afectadas tuvieron conocimiento del acto.
Criterio 2: Naturaleza de ley
No obstante, en el segundo y tercer amparo, la jueza modificó radicalmente su criterio. Trató la modificación al PDU como si fuese una ley.
- Plazo de impugnación: 30 días.
- Inicio del conteo: Desde su publicación oficial, fijando la fecha de inicio en el 5 de diciembre.
Representantes de DMAS enfatizaron que al aplicar este nuevo criterio, la jueza ignoró el momento en que la comunidad de Mahahual tuvo conocimiento real del contenido y los efectos del PDU. Este elemento había sido, paradójicamente, el factor determinante en el criterio adoptado previamente para el primer amparo.
Consecuencias de la contradicción jurídica
La evidente contradicción jurídica —calificar un mismo acto primero como administrativo y después como ley— ha sido la principal crítica del colectivo. DMAS argumenta que esta inconsistencia vulnera principios básicos del sistema legal mexicano: > “La naturaleza jurídica de un acto no puede cambiar según el caso, ya que ello vulnera los principios de seguridad jurídica, certeza legal y acceso efectivo a la justicia”.
Este precedente establece una preocupación grave sobre la estabilidad interpretativa del derecho, especialmente cuando se relaciona con megaproyectos de alta inversión.
Posición de la empresa y la exigencia de la comunidad
A pesar de los desafíos legales presentados por la comunidad, la empresa promotora del proyecto Perfect Day mantiene una postura de absoluta confianza en el marco jurídico. Ari Adler, representante de la compañía, declaró: > “Estamos muy seguros que con el sistema legal en México vamos a obtener esa suspensión y vamos a poder continuar avanzando para poder cumplir con esa fecha, que es abrir el parque en el 2027.”
Por su parte, el colectivo Salvemos Mahahual ha sido categórico. Reiteran que su lucha no es contra el desarrollo económico, sino contra la ilegalidad y la falta de rigor en la aplicación de la norma. Exigen que cualquier proyecto se realice con apego estricto a la ley, coherencia jurídica y respeto a los derechos comunitarios y al medio ambiente. Su mensaje es claro: Mahahual exige legalidad, justicia y un futuro digno, y rechazan que la ley se interprete de manera cambiante o se acomode al poder económico o político.
El desarrollo del proyecto Perfect Day, que contempla la apertura en 2027 y la alianza con Royal Caribbean (mencionado en el contexto), continuará bajo el escrutinio público y pendiente de los recursos de queja que el colectivo DMAS interpondrá en el ámbito federal, buscando revertir los desechamientos iniciales del amparo.
