La Cámara de Diputados de Argentina ha otorgado media sanción a la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, en una sesión marcada por una profunda tensión política y social. El proyecto fue aprobado con 135 votos a favor y 115 en contra el 20 de febrero de 2026, y ahora deberá regresar al Senado para su ratificación definitiva debido a las modificaciones introducidas durante el debate.
Modificaciones clave y el camino al Senado
Una de las enmiendas más significativas fue la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas por enfermedad o accidente. Esta concesión fue crucial para asegurar el apoyo parlamentario necesario. A pesar de esta modificación, la iniciativa aún enfrenta un arduo camino, ya que los cambios obligan a que el texto sea revisado y ratificado nuevamente por el Senado antes de convertirse en ley.
Puntos centrales de la reforma laboral
El gobierno defiende la reforma como una modernización esencial para reducir los costos laborales, limitar la litigiosidad por despidos y fomentar la contratación formal en un país con más del 40% de informalidad laboral. Se busca facilitar la inversión y expandir el empleo registrado. Sin embargo, sus detractores la califican como un retroceso estructural en los derechos laborales y una ofensiva contra la clase trabajadora.
Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentran:
- Reducción de indemnizaciones por despido.
- Creación de un fondo opcional de cese laboral (FAL), financiado con aportes patronales que actualmente se destinan al sistema previsional (Anses). Especialistas estiman que este fondo podría movilizar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales, equivalente a aproximadamente el 0,5% del PIB. La oposición advierte que esto podría afectar el financiamiento del sistema previsional.
- Cambios que flexibilizan la jornada laboral y limitan el derecho a huelga.
- Habilitación del fraccionamiento de vacaciones.
- Creación de un banco de horas como alternativa al pago de horas extra.
- Permiso para extender la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respeten 12 horas de descanso entre turnos.
- Priorización de acuerdos colectivos por empresa o región por encima de los convenios nacionales.
- Propuesta de disolver la Justicia Nacional del Trabajo, trasladando sus competencias a la órbita porteña.
Rechazo popular y huelga general
La aprobación en Diputados se produjo en medio de un paro general masivo convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, y respaldado por diversas organizaciones sindicales y sociales, incluyendo las dos CTA, La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA). La medida de fuerza paralizó gran parte de Argentina, afectando gravemente al transporte público (trenes, subterráneos, autobuses), puertos y aviación, con más de 400 vuelos cancelados y 64.000 pasajeros afectados. Bancos y escuelas públicas permanecieron cerrados, y la salud pública solo atendió emergencias.
Fuera del Congreso, se registraron movilizaciones masivas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y llevaron a cabo desalojos. El gobierno advirtió con represalias, como el descuento del día, a los empleados estatales que acataron el paro. La oposición, que incluye al Frente de Izquierda, Unión por la Patria y la Coalición Cívica, ha calificado la reforma como regresiva y ha anticipado que, de ser sancionada, será judicializada por presunta inconstitucionalidad.
La aprobación de la reforma fue posible gracias a una alianza parlamentaria del oficialismo con bloques provinciales y fuerzas políticas afines a su agenda de ajuste, incluyendo legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y algunos gobernadores y diputados peronistas. Este escenario de creciente malestar social y parálisis económica augura nuevas protestas y un debate que interpela directamente la vida cotidiana de millones de trabajadores argentinos.
