El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación del decreto ley diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar el encarecimiento de la vivienda. La derogación de esta medida, impulsada originalmente para proteger a sectores vulnerables durante la crisis derivada del conflicto en Irán, deja sin efecto las limitaciones a las prórrogas de contratos y los topes en la actualización de rentas.
Bloque parlamentario y resultado de la votación
La iniciativa legislativa no logró superar la barrera parlamentaria necesaria, evidenciando la falta de consenso entre el Ejecutivo y sus aliados habituales. El resultado final de la votación se desglosó de la siguiente manera:
- 177 votos en contra: Un bloque conformado por el Partido Popular (PP), Vox y los nacionalistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat).
- 166 votos a favor: El bloque de gobierno compuesto por el PSOE y Sumar, junto a otros partidos de izquierda.
- Abstención: El Partido Nacionalista Vasco (PNV) optó por no decantar la votación, permitiendo que la mayoría negativa se impusiera.
Pese a los intentos del Ejecutivo por convencer a JxCat y PNV durante las últimas semanas, la oposición de la derecha y el rechazo de los conservadores catalanes anularon la normativa que estaba vigente desde el pasado 20 de marzo.
Impacto en el mercado de arrendamiento
La caída del decreto afecta directamente a más de tres millones de personas que viven en régimen de alquiler en España. Con la anulación de esta norma, los inquilinos quedan expuestos a incrementos directos en sus contratos al desaparecer las protecciones extraordinarias que se habían establecido.
Las medidas que quedan sin efecto incluían:
- Prórroga extraordinaria: La posibilidad de extender hasta por dos años los contratos que finalizaran antes del 31 de diciembre de 2027.
- Límite de actualización: El tope del 2% en la subida anual de los precios de alquiler, que ahora queda sujeto a las condiciones del mercado o a los índices generales.
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Debate ideológico y defensa del decreto
El ministro de Asuntos Sociales y principal promotor de la medida, Pablo Bustinduy (Sumar), calificó el rechazo como un acto de "tacticismo e ideología". Durante su defensa en la tribuna, el ministro señaló que el bloque opositor prioriza el derecho de los grandes propietarios sobre la seguridad habitacional de los inquilinos.
Bustinduy aludió a la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ejemplificar la visión de la oposición, señalando que el mensaje implícito para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad es la desprotección estatal. Según el ministro, esta decisión ignora la realidad de millones de familias que verán encarecido su acceso a la vivienda en un contexto de incertidumbre económica internacional.
Consecuencias inmediatas para los inquilinos
Tras la votación, los contratos de alquiler vuelven a regirse por la legislación previa sin las restricciones temporales de emergencia. Esto implica que:
La anulación del decreto representa un duro revés para la agenda social del Gobierno y redefine la dinámica de precios en las principales zonas urbanas del país, donde la presión del mercado de alquiler sigue en ascenso.
