El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido directrices que, desde el 25 de febrero de 2026, autorizan la venta y reventa de petróleo y gas venezolano a particulares y empresas privadas en Cuba. Esta medida busca mitigar la asfixiante crisis energética de la isla sin fortalecer directamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel, marcando un cambio táctico en la política de sanciones.
¿Cómo se garantiza que el crudo venezolano beneficie exclusivamente al sector privado cubano?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha establecido una "política de licencias favorable" para que terceros, incluyendo empresas no estadounidenses, revendan crudo y derivados venezolanos en Cuba. El análisis técnico indica una exclusión total del Estado cubano: las transacciones que beneficien a militares, servicios de inteligencia o instituciones gubernamentales permanecen prohibidas. El combustible debe ser destinado exclusivamente a ciudadanos y pequeñas empresas (mipymes) para uso personal o comercial privado. No obstante, la implementación presenta una complejidad considerable, dado que el Estado cubano controla la infraestructura portuaria y de almacenamiento, lo que plantea un reto logístico y legal para separar físicamente el combustible "privado" del "estatal". Se ha identificado un riesgo inherente de que el combustible sea confiscado o redirigido por el gobierno cubano una vez toque puerto, lo que resultaría en la cancelación inmediata de las licencias. Para mitigar este riesgo, los ingresos de estas ventas deberán depositarse en cuentas custodiadas por el Tesoro de los Estados Unidos, posiblemente en Qatar, garantizando que el dinero se utilice para los fines permitidos. Se recomienda a cualquier exportador implementar sistemas de rastreo (track & trace) rigurosos como parte de la diligencia debida para demostrar que el petróleo llega a manos privadas.
¿Qué factores geopolíticos y económicos impulsan esta apertura energética selectiva?
La apertura responde a una estrategia de "presión inteligente" por parte de Washington. Se ha constatado que Cuba enfrenta una crisis energética extrema, con apagones masivos y servicios mínimos tras el asedio petrolero de los últimos meses, lo que impulsa a los Estados Unidos a evitar un colapso humanitario total que podría disparar la migración. Tras la incursión militar de enero y la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos controlan de facto la comercialización del petróleo venezolano, utilizando este recurso como una herramienta de influencia regional. La medida también busca fomentar el emprendimiento, intentando fortalecer a la clase media y al sector privado cubano frente a la estructura centralizada del Partido Comunista. El contexto inmediato revela que Washington está aplicando en Cuba el mismo modelo que en Venezuela post-Maduro: permitir la actividad económica solo si esta debilita el control estatal y beneficia directamente a la población civil. La tensión previa al anuncio incluyó incidentes con buques de bandera estadounidense en las costas cubanas hace cinco días, reflejando el nerviosismo por el bloqueo naval, y declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, hace tres días, defendiendo la necesidad de "nuevos lazos energéticos" en el Caribe.
¿Cuáles son las proyecciones logísticas y los desafíos financieros inmediatos para la implementación?
Las proyecciones logísticas indican una actividad inmediata tras el anuncio. Se estima que en las próximas 48-72 horas, empresas comercializadoras como Vitol y Trafigura podrían comenzar a tramitar licencias específicas para desviar cargamentos ya autorizados hacia terminales privadas en la isla. Para la próxima semana, se anticipa el inicio de una "guerra de narrativas", donde el gobierno de La Habana denunciará la medida como una injerencia, mientras las mipymes buscarán activamente canales de pago internacionales. En el ámbito logístico, podrían registrarse los primeros desembarques de GLP (gas doméstico) bajo este nuevo esquema. Sin embargo, los desafíos son significativos. La implementación es compleja debido al control estatal de la infraestructura portuaria y de almacenamiento, lo que dificulta la separación física del combustible. Existe un riesgo latente de reventa o confiscación por parte del gobierno cubano, lo que anularía las licencias de inmediato. Se recomienda a las empresas del sector energético un monitoreo constante de la OFAC para seguir las actualizaciones diarias sobre qué entidades cubanas son añadidas o removidas de la "lista negra", con el fin de evitar sanciones secundarias. Además, un análisis de precios es crucial, ya que los particulares cubanos pagarán precios de mercado internacional, y las empresas deben evaluar la capacidad de pago real de este segmento antes de comprometer cargamentos. La nota técnica del Tesoro publicada en las últimas 24 horas aclara que el gas y derivados pueden exportarse bajo la "Excepción de Licencia SCP" para el sector privado.
