La Corte Suprema de Estados Unidos ha asestado un golpe significativo a la agenda económica del expresidente Donald Trump, al dictaminar el viernes 20 de febrero de 2026 que sus amplios aranceles globales son ilegales. Esta decisión, tomada con una votación de 6 a 3 por el tribunal de mayoría conservadora, representa el primer gran revés judicial directo para su administración en la máxima instancia del país.
La ilegalidad de los aranceles bajo la IEEPA
El tribunal supremo invalidó los gravámenes que Trump estableció bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. La sentencia concluye que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles, una facultad que la Constitución otorga explícitamente al Congreso. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, enfatizó que la imposición de impuestos a los estadounidenses siempre ha sido una potestad fundamental del poder legislativo. Jueces como Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por el propio Trump, también expresaron escepticismo sobre el uso de esta ley para tales fines, señalando que el Congreso buscaba limitar, no expandir, los poderes de emergencia presidenciales.
Los argumentos orales, celebrados en noviembre de 2025, ya habían revelado las dudas de los magistrados sobre si Trump se había extralimitado en sus funciones con esta política económica emblemática. La Casa Blanca había defendido que los aranceles eran una herramienta de política exterior ante una "emergencia nacional", argumentando que la IEEPA otorgaba "amplios poderes" para "regular las importaciones" y proteger la seguridad nacional, no para recaudar impuestos. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esta interpretación, subrayando que la Casa Blanca debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar una atribución tan extraordinaria.
Impacto económico y político de la decisión
La anulación de estos aranceles, que incluían los llamados gravámenes "recíprocos" que afectaron a casi todas las naciones del mundo, tendrá ramificaciones de amplio alcance. Se estima que el impacto económico proyectado de estos aranceles alcanzaba los 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Hasta diciembre pasado, el Tesoro de Estados Unidos había recaudado más de 133.000 millones de dólares bajo las autoridades de emergencia que el fallo ahora invalida. Economistas del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton estimaron que la cantidad superaría los 175.000 millones de dólares, una suma que probablemente tendrá que ser reembolsada a los importadores. Empresas como la cadena de supermercados Costco ya habían presentado demandas exigiendo la devolución de los montos pagados.
Esta decisión no solo afecta el comercio integral, sino también a los consumidores, las empresas y la inflación, impactando directamente los bolsillos de todos los estadounidenses. Los aranceles habían generado un rechazo público creciente debido a la preocupación por el costo de vida. Trump había utilizado los aranceles como una herramienta clave de política económica y exterior, fundamental en una guerra comercial global que distanció a socios comerciales, afectó a los mercados financieros y generó incertidumbre económica.
Es importante destacar que algunos aranceles impuestos por Trump sobre metales como el acero y el aluminio, así como los automóviles, se establecieron bajo leyes diferentes y no se ven directamente afectados por esta sentencia. No obstante, este fallo representa una contundente derrota para la política exterior y la agenda económica del expresidente, confirmando las sentencias de tribunales inferiores que ya habían determinado la falta de autoridad presidencial para imponer aranceles globales utilizando la ley de 1977.
