La decisión emitida por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales marcó un punto de inflexión legal y diplomático. Este fallo reciente determinó que la proscripción impuesta por el Reino Unido contra el grupo de protesta Palestine Action fue, de hecho, ilegal, generando una respuesta inmediata y favorable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con origen de la noticia en la Ciudad de México.
El profesor Ben Saul, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, acogió con gran satisfacción esta sentencia el viernes 13 de febrero de 2026. La sentencia valida la postura de que las restricciones gubernamentales contra la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas, un principio clave en el derecho internacional.
La solidaridad no es un crimen: el argumento de la ONU
Este pronunciamiento judicial británico tiene implicaciones significativas en el debate sobre la legislación antiterrorista y el derecho a la protesta.
El Relator Especial Ben Saul fue claro al sostener que la proscripción violaba las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos. Según su análisis, la medida no constituía una restricción necesaria ni proporcionada a tres derechos fundamentales:
- Libertad de asociación.
- Libertad de reunión pacífica.
- Libertad de expresión.
La Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, se unió a la celebración, compartiendo la publicación sobre el fallo a través de la red social X. Su comentario fue conciso y directo: “La solidaridad no es un crimen”.
Exigencia de disculpas a la ministra del interior
Saul afirmó que la prohibición implementada por el gobierno británico era "de hecho desproporcionada". Por ello, el Relator extendió una invitación pública a la ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, para que reflexione sobre el alcance de la sentencia y acepte la decisión del tribunal.
El objetivo de adoptar esta medida, según el Relator, es doble y busca reparar el daño causado por la aplicación de la prohibición:
Lo que las autoridades competentes deben garantizar
Al aceptar el fallo, las autoridades competentes deben comprometerse a:
- No emprender más acciones contra quienes han expresado legítimamente sus creencias sobre Israel y Palestina desde el 5 de julio de 2025 y que fueron afectados por la aplicación policial de la prohibición ilegal.
- Disculparse con quienes fueron perjudicados por haber sido estigmatizados como "terroristas" a raíz de la implementación de esta medida que ahora ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
Este caso subraya la función crítica que cumplen los tribunales superiores al revisar y acotar las acciones gubernamentales que restringen las libertades civiles, incluso bajo el manto de la seguridad nacional. Un estado de derecho robusto exige que toda restricción a la protesta sea legal, legítima y, sobre todo, mesurada.
