Una demanda federal presentada en Texas detalla la negligencia médica de ICE al devolver a Amalia, una niña migrante de 18 meses, al Dilley Processing Center sin sus medicamentos. Tras una hospitalización crítica por neumonía, COVID-19 y RSV, los agentes supuestamente confiscaron el nebulizador y el albuterol prescrito, poniendo a la menor, que había estado "al borde de la muerte", nuevamente en riesgo de salud. La noticia, reportada inicialmente por NBC, ha provocado una indignación generalizada.
El caso ha reavivado el debate sobre el tratamiento de menores bajo custodia de inmigración, en un contexto donde las organizaciones de derechos civiles ya habían señalado patrones de atención inadecuada y condiciones deficientes en el centro de Dilley y otras instalaciones similares. Para la familia de Amalia, solicitante de asilo que huyó de amenazas en su país de origen, Venezuela, el calvario culminó en una acción legal que desafía directamente las prácticas de la agencia federal.
El caso Amalia: Cronología de una falla sistémica
Amalia y sus padres han estado detenidos en el Dilley Processing Center desde el pasado diciembre. A principios de enero, la niña se enfermó gravemente, presentando alta fiebre, diarrea, vómitos y dificultad para respirar. Estos síntomas críticos forzaron a la familia a solicitar atención de emergencia.
Tras múltiples intentos fallidos de obtener tratamiento dentro del centro de detención, la menor fue trasladada el 18 de enero a un hospital en San Antonio. Allí, el equipo médico diagnosticó una peligrosa combinación de neumonía, COVID-19, virus respiratorio sincitial (RSV) y bronquitis viral. Estas condiciones requirieron diez días de cuidados intensivos, manteniendo a la niña bajo suministro de oxígeno debido a su delicado estado.
La acusación central: Confiscación de tratamientos vitales
Después de diez días de hospitalización y cuidado intensivo, Amalia fue dada de alta. Los médicos proporcionaron instrucciones detalladas para su recuperación en casa y prescribieron medicamentos específicos, incluyendo un tratamiento de albuterol y un nebulizador.
Sin embargo, según el testimonio de los abogados de la familia, al regresar la niña a la custodia de ICE, el personal del centro de detención supuestamente confiscó no solo sus medicamentos prescritos, sino también los suplementos nutricionales recomendados por los doctores. La demanda describe este acto como "irresponsable y peligroso".
Elora Mukherjee, abogada de la familia y profesora de derecho migratorio, sostuvo en una conferencia de prensa posterior a la presentación de la demanda, que la instalación no solo desatendió las directrices médicas, sino que activamente "volvió a poner en riesgo a esta bebé". Mukherjee enfatizó que el caso no es un incidente aislado, sino que evidencia una "falla sistémica para proteger a las familias que están huyendo de crisis y buscando asilo".
Listado de fallos burocráticos y médicos (según la demanda)
- Múltiples intentos fallidos de obtener atención médica dentro del centro antes del traslado hospitalario del 18 de enero.
- Confiscación intencional de los medicamentos específicos (nebulizador, albuterol) y suplementos nutricionales prescritos tras el alta.
- Obligar a la familia a esperar durante horas en filas al aire libre para solicitar tratamiento o medicación.
- Rechazo reiterado de las solicitudes de tratamiento para Amalia, quien había perdido cerca del 10% de su peso corporal durante la enfermedad.
Reacción del DHS y la liberación de Amalia
La demanda también detalla que tras regresar a la detención y la supuesta confiscación de sus medicinas, la familia se vio obligada a hacer largas esperas en líneas a la intemperie para solicitar la medicación, siendo repetidamente rechazada.
La liberación de Amalia se logró finalmente el 6 de febrero de 2026, solo después de que los abogados de la familia presentaran una petición legal de emergencia ante los tribunales.
Desde Washington, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que tiene la supervisión de ICE, negó rotundamente las acusaciones de mala conducta. En una declaración oficial, la agencia defendió su posición, argumentando que es una "práctica de larga data proporcionar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra en custodia de ICE". No obstante, la tensión entre las autoridades y los defensores de los derechos humanos continúa creciendo, mientras más testimonios y acciones legales apuntan a una posible negligencia en los centros de detención familiar.
