Las familias migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos enfrentan un encierro prolongado e insalubre en centros ubicados en Texas, siendo el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, el principal foco de denuncias. Estos recintos operan bajo estrictas políticas que, en la práctica, criminalizan la solicitud de asilo, manteniendo encerrados a niños y padres por meses, incluso si previamente cumplían con sus citas judiciales. Las condiciones internas, gestionadas por la firma privada CoreCivic, incluyen atención médica deficiente, dietas inadecuadas y un ambiente diseñado, según expertos legales, para presionar la renuncia al proceso de asilo y forzar la deportación.
Históricamente, los solicitantes de asilo esperaban su trámite en libertad. Sin embargo, el protocolo actual revierte esta práctica, transformando lo que se denomina "centro residencial familiar" en una instalación de procesamiento migratorio con capacidad para unas 2,000 personas. El director legal de la organización humanitaria 'Raíces', Javier Hidalgo, fue directo al señalar la intención: "Desde que un niño entra ya está siendo lastimado y la intención es forzar a las familias a que renuncien a su proceso de asilo" y acepten la deportación.
El modelo de detención familiar: un análisis de la presión legal
Texas alberga los dos únicos centros de detención familiar para inmigrantes en el país: el de Dilley y el ubicado en el condado de Karnes. Aunque los casos de detención masiva se asocian a las políticas de la administración anterior, estas instalaciones continúan siendo utilizadas para retener a familias ya establecidas en EE. UU. que estaban siguiendo los procedimientos legales.
El caso del niño ecuatoriano Liam Conejo, de cinco años, y su padre Adrián, ejemplifica esta tendencia. Fueron detenidos en Mineápolis en enero de 2026 durante redadas antiinmigrantes. Javier Hidalgo explicó que se trata del "típico caso de muchas familias": Estaban en proceso de asilo y cumplían con sus citas judiciales, pero fueron detenidos igual. Si bien la intervención de un juez logró su liberación, aún arriesgan la deportación.
Advertencias y denuncias sobre insalubridad en Dilley
El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, gestionado por la firma privada CoreCivic, ha sido objeto de múltiples quejas por insalubridad y negligencia médica, hechos que la compañía niega, afirmando que "La salud y la seguridad de quienes están bajo nuestro cuidado son la máxima prioridad". No obstante, la evidencia recopilada por 'Raíces' y los abogados de las familias desmienten esta declaración corporativa.
A principios de febrero de 2026, las autoridades de salud admitieron posibles contagios de sarampión en el centro, obligando a poner en cuarentena a los afectados. Este incidente subraya la fragilidad sanitaria del recinto.
Casos documentados de daño psicológico y físico
Los testimonios de las familias, que provienen de países tan diversos como Azerbaiyán, China, Camerún, Honduras, Rusia y Venezuela, además de Haití y Colombia, revelan el profundo impacto psicológico del encierro.
La haitiana W., de 34 años, y su hijo de dos, fueron detenidos en octubre de 2025 en Nueva York tras viajar, a pesar de haber ingresado por una vía regular habilitada por el gobierno de Joe Biden y haberse instalado en Ohio. W. describió la experiencia como una "prisión" donde no tienen privacidad, acceso a agua embotellada ni atención médica adecuada. Ella reportó en noviembre de 2025 que despierta angustiada: "Lloro todo el tiempo y mi hijo seca mis lágrimas." Añadió que oficiales del ICE le han pedido firmar su deportación, pero ella se niega a renunciar a su caso.
Crislane, haitiana de 40 años, fue detenida junto a sus tres hijos en Nueva York en agosto de 2025. Pese a contar con permiso de trabajo, pagar impuestos y tener a sus hijos en la escuela, fue trasladada a Dilley. Su testimonio se centra en el ambiente hostil: "Es muy difícil dormir aquí, las luces nunca se apagan y el ruido no termina".
El encierro prolongado afecta directamente a los menores, como señaló el abogado Chris Godshall-Bennett: "La comida es terrible, no hay comida apropiada para niños. No van al colegio. Este no es un lugar para niños".
El encierro como castigo: el caso Soliman
Una madre egipcia y sus cinco hijos (de 5 a 18 años) han permanecido detenidos en Dilley por ocho meses. Su detención ocurrió después del arresto del padre, Mohamed Soliman, acusado de atentar contra una manifestación pro-Israel en Colorado. Aunque la familia había entrado al país pidiendo asilo en 2022, las autoridades investigan su posible involucración en el suceso.
Habiba, la hija de 18 años, escribió una carta publicada por el abogado Eric Lee, lamentando no haber podido detener el "horrible plan" de su padre. La familia, castigada por las acciones de uno de sus miembros, sufre las consecuencias del encierro. El largo periodo de detención sin acceso a educación ni condiciones dignas para los menores plantea serias dudas sobre la justificación de mantener a una familia completa bajo custodia por un tiempo tan extenso, a menos que el objetivo sea la coerción.
La detención de solicitantes de asilo, incluyendo a aquellos que ya estaban integrados legalmente o que presentan necesidades médicas graves, plantea un interrogante ético y legal: ¿están estos centros operando como mecanismos de seguridad pública o como herramientas administrativas diseñadas para desmantelar y desalentar el proceso de asilo en Estados Unidos? El encierro no solo detiene a las familias, sino que activamente lesiona su salud física y mental, socavando el derecho internacional de asilo.
