El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó el 4 de febrero de 2026 el Pacto Nacional de Combate al Feminicidio, llamando a la responsabilidad inmediata de toda la sociedad frente a la tragedia de que cuatro mujeres sean asesinadas diariamente por razones de género. Durante la ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Lula rechazó categóricamente la vieja idea de que la violencia doméstica es un asunto privado, enfatizando la urgencia de una acción colectiva que trascienda los límites gubernamentales.
El gobierno brasileño oficializó este compromiso institucional mediante la firma del documento que establece el pacto, alertando sobre la magnitud de la crisis: cada seis horas, una mujer pierde la vida en el gigante sudamericano únicamente por su condición de género. Esta estadística no solo interroga al Estado, sino que expone una tragedia cotidiana que requiere una reestructuración de mentalidad en todos los niveles sociales.
Datos de la crisis de género: la violencia antes del feminicidio
El análisis de la presidencia brasileña sobre la violencia de género se fundamenta en cifras que demuestran la sistematicidad de las agresiones, muchas de las cuales ocurren incluso mientras se adoptan compromisos institucionales.
Alarmas estadísticas de violencia en Brasil
Lula citó una encuesta reciente del Senado que dimensiona el alcance del problema de la violencia no letal, la cual funciona como un claro precursor de los feminicidios:
- Asesinatos diarios: Cuatro mujeres son asesinadas al día en Brasil por razones de género.
- Frecuencia letal: Una mujer pierde la vida cada seis horas.
- Violencia doméstica (2025): El 27 por ciento de las mujeres brasileñas declaró haber sufrido algún tipo de violencia doméstica o familiar a lo largo del año 2025.
El mandatario fue claro al describir la escalada de la violencia, declarando que “Cada gesto de violencia es un feminicidio anunciado” e instando a la población a no guardar silencio ante cualquier grito, amenaza o agresión.
El llamamiento a la responsabilidad colectiva y el rol de los poderes del estado
La implementación del Pacto Nacional de Combate al Feminicidio exigirá un esfuerzo que supere la coordinación interinstitucional para convertirse en una causa de toda la sociedad. Los firmantes de este compromiso el 4 de febrero de 2026 fueron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La postura del poder judicial
El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reforzó el carácter urgente de la situación. Fachin describió las cifras como "impactantes" y subrayó que la normalización de esta violencia es inaceptable.
Según Fachin, el feminicidio debe entenderse como una violación de los derechos humanos que debe ser sancionada y erradicada. Sostuvo que la respuesta debe articularse en tres ejes claros:
- Prevenir.
- Exigir responsabilidades.
- Proteger a las víctimas.
El juez enfatizó un matiz clave que suele ser omitido en las respuestas gubernamentales: los cambios en la ley deben ir necesariamente acompañados de un profundo cambio de mentalidad, no solo en el Estado, sino especialmente en la sociedad y, sobre todo, en las familias.
El rol activo de los hombres
El presidente Lula da Silva dirigió un llamado específico y directo a los hombres, instándolos a asumir un rol activo y preponderante en la prevención de la violencia de género. Este enfoque subraya que la solución no reside únicamente en la protección de las víctimas, sino en la eliminación de la raíz agresora.
El lanzamiento del Pacto Nacional sienta las bases institucionales para la lucha contra el feminicidio, pero el verdadero desafío operativo radica en lograr que este compromiso formal se traduzca en una movilización social que desmantele la aceptación implícita de la violencia doméstica. Si la encuesta del Senado muestra que las agresiones persisten a pesar de los compromisos legales, la efectividad del pacto dependerá directamente de este exigido cambio de mentalidad.
