Donald Trump ha renovado sus críticas a la Corte Suprema de Estados Unidos tras un fallo adverso que anuló parte de su programa arancelario, al tiempo que ha prometido la imposición de nuevos y más elevados aranceles globales. Esta postura dual desafía tanto la autoridad judicial como los principios del comercio internacional.
La confrontación con la Corte Suprema de Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo significativo la semana pasada, declarando que el presidente Donald Trump excedió sus facultades constitucionales al imponer una parte sustancial de sus aranceles, específicamente aquellos basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Esta decisión representa un revés considerable para la agenda económica de Trump y ha provocado una fuerte reacción por parte del exmandatario.
Trump calificó la sentencia de "profundamente decepcionante" y expresó su "vergüenza" por algunos miembros del tribunal, a quienes acusó de no tener el valor de actuar correctamente para el país. En sus declaraciones, el expresidente arremetió contra los jueces, señalando que la Corte "hizo un gran trabajo para las personas equivocadas" y que deberían avergonzarse. Las críticas se extendieron tanto a los jueces liberales, a quienes consideró "un no automático" a cualquier medida que fortalezca a Estados Unidos, como a los conservadores, incluyendo a algunos de sus propios nominados, a quienes acusó de ser "políticamente correctos" o "tontos y lacayos" de la izquierda radical.
La opinión mayoritaria que anuló los aranceles fue redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y respaldada por los jueces conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, junto con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En contraste, Trump agradeció a los jueces disidentes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, por su "fuerza, sabiduría y amor" por el país. Se observa en el sector que esta confrontación subraya una tensión persistente entre el poder ejecutivo y el judicial, especialmente en temas de política económica y poderes presidenciales.
De manera paradójica, Trump ha interpretado el fallo como una concesión de "muchos más poderes y fuerza" de los que poseía antes, argumentando que ahora puede recurrir a otras facultades y licencias arancelarias de una manera "mucho más poderosa y desagradable". Esta reinterpretación busca transformar un revés legal en una oportunidad para una acción ejecutiva más agresiva en el ámbito comercial.
La estrategia arancelaria renovada: implicaciones económicas y legales
En respuesta directa al fallo de la Corte Suprema, Donald Trump anunció inicialmente un nuevo arancel global del 10%. Posteriormente, elevó esta cifra a un 15% a través de su plataforma Truth Social, invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta normativa le permitiría imponer aranceles de hasta el 15% por un período máximo de 150 días sin la aprobación del Congreso. Trump ha insistido en que estas nuevas tasas son "plenamente permitidas y legalmente probadas" y ha advertido que podrían ser "superiores a las ya vigentes", con una posible entrada en vigor en cuestión de días.
Las pruebas revelan que la política arancelaria previa de Trump, que incluyó "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, generó una recaudación de más de 133 mil millones de dólares para el Tesoro estadounidense, aunque su impacto económico total se estimó en unos 3 billones de dólares en la próxima década. El fallo de la Corte Suprema podría implicar el reembolso de aproximadamente 240 mil millones de dólares de los aranceles ya recaudados.
Impacto en las cadenas de suministro y el comercio global
La imposición de aranceles, según la visión de economistas, opera como un impuesto autoimpuesto que recae principalmente en los consumidores y las empresas del país importador, aumentando los precios y reduciendo la competitividad. Estudios de 2025 y análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) han concluido que el costo de los aranceles de importación recayó mayoritariamente en el lado estadounidense, afectando los márgenes de beneficio de los comercializadores o el bolsillo de los consumidores.
Un escenario de arancel uniforme del 10% podría contraer el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en un 0.70% y el de Estados Unidos en un 0.82% durante el primer año. Países como Canadá, China, México y la Unión Europea también experimentarían pérdidas significativas. En un escenario más severo, con aranceles del 10% general, 25% para Canadá y México, 15% para la UE y 145% para China, el PIB global podría contraerse un 3.38% y el estadounidense un 3%.
Los aranceles sobre bienes intermedios son particularmente disruptivos, ya que aumentan los costos de producción y afectan la viabilidad económica de las cadenas de suministro, lo que a su vez eleva los precios de los bienes finales y disminuye la competitividad regional. Sectores como el petrolero y el automotriz son identificados como particularmente vulnerables a estas medidas.
Se observa que la "guerra arancelaria" previa tuvo efectos diferenciados. Mientras que para la Unión Europea el impacto fue "más ruidoso que real", con sus exportaciones manteniéndose estables, China experimentó una reducción a la mitad de su cuota de mercado en Estados Unidos. Para México, la situación actual exige una estrategia de diversificación comercial y el aprovechamiento de su posición en el nearshoring para mitigar los posibles efectos negativos y defender la certidumbre jurídica del T-MEC.
Repercusiones políticas y la legitimidad institucional
La retórica de Trump y sus acciones contra la Corte Suprema plantean interrogantes sobre el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos. Sus críticas a los jueces, incluyendo a sus propios nominados, por no alinearse con su agenda, pueden erosionar la confianza pública en la independencia judicial.
La impopularidad de los aranceles entre el público, impulsada por la preocupación por la asequibilidad, añade una dimensión política a estas medidas. Además, el plazo de 150 días para la posible ratificación de los nuevos aranceles por parte del Congreso podría coincidir con la campaña electoral de medio término, lo que podría influir en el apoyo de representantes republicanos cuyos estados se vean perjudicados por estas políticas. La persistencia de Trump en su agenda arancelaria, a pesar de los reveses judiciales y la oposición económica, subraya su compromiso con una política de "América Primero" que prioriza la protección de la industria nacional, incluso a costa de la estabilidad institucional y las relaciones comerciales globales.
