El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, solicitó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra la liberación inmediata del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026. La petición se fundamenta en la supuesta violación de la soberanía nacional y el derecho internacional.
Contexto de la detención y la ofensiva diplomática venezolana
La detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores se produjo el 3 de enero de 2026, en el marco de una operación militar estadounidense denominada "Operación Determinación Absoluta", que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas. Tras su captura, ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos, incluyendo una reciente acusación por la presunta venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos. Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y se ha declarado "prisionero de guerra".
La exigencia de liberación por parte de Venezuela se enmarca en una ofensiva diplomática más amplia, que busca denunciar lo que Caracas califica como una detención arbitraria y una agresión contra su soberanía. El canciller Gil enfatizó que Maduro sigue siendo el "presidente constitucional de Venezuela" y que su captura representa una vulneración de principios fundamentales del derecho internacional.
Argumentos de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos
Durante su intervención, el ministro Yvan Gil presentó varios argumentos clave para respaldar la demanda de liberación. Se sostuvo que la detención de Maduro y Flores, "en el pleno ejercicio de sus funciones", fue arbitraria y carente de justificación legal. Las pruebas revelan que Venezuela denuncia la instrumentalización de los derechos humanos como "armas políticas" para atacar y oprimir a los pueblos.
Asimismo, se criticaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, incluidas las sanciones económicas, las cuales, según el gobierno venezolano, han afectado "los derechos humanos, sociales, económicos y culturales" de la población. Se observa en el sector diplomático que Venezuela ha calificado los informes sobre la situación de derechos humanos en el país como "sesgados y politizados", emplazando al sistema de la ONU a adoptar posiciones más firmes frente a lo que considera agresiones contra su soberanía. La operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y Flores, según Caracas, causó numerosas víctimas.
Demandas adicionales y esfuerzos diplomáticos
Además de la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el canciller Gil exigió el cese de todas las sanciones contra Venezuela y la implementación de una "agenda de derechos humanos imparcial y sin selectividad política". También se hizo un llamado al respeto general de la soberanía de los Estados.
A pesar de las tensiones, Venezuela ha manifestado la apertura de un "canal diplomático para dirimir diferencias" con Estados Unidos, subrayando que el diálogo entre naciones debe basarse en la igualdad jurídica y no en la subordinación. Como muestra de buena voluntad, el gobierno venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, ha renovado la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, reabriendo espacios de diálogo técnico con el organismo.
Repercusiones internas y la nueva administración en Venezuela
Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela, habiéndose desempeñado como vicepresidenta desde 2018. La nueva administración ha implementado cambios significativos, incluyendo la cesión del control de la industria petrolera, el inicio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos y la promulgación de una ley de amnistía general el 19 de febrero. Se ha informado que 1.500 personas han solicitado acogerse a esta amnistía, y 65 presos políticos han sido liberados en los últimos días. Adicionalmente, se ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas.
No obstante, la ley de amnistía ha sido calificada de insuficiente y excluyente por organismos de defensa de los derechos humanos, ya que no abarca casos relacionados con el ámbito militar. Hasta el momento, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no ha emitido una posición específica ante la exigencia presentada por el canciller venezolano.
