El último informe anual sobre la situación de los defensores de derechos humanos ambientales en México revela que 10 activistas fueron asesinados durante 2025. Aunque la cifra representa un descenso numérico frente a periodos anteriores, la violencia estructural ha escalado con 135 eventos de agresión, un incremento del 43% respecto al año previo.
Radiografía de la violencia contra el activismo ambiental
La presentación del 12º informe especializado subraya que la baja en homicidios no constituye una mejora en la seguridad del sector. La estadística refleja una falta de descenso sostenido en la violencia general, pues las agresiones específicas alcanzaron las 314 conductas determinadas, lo que supone un crecimiento del 33% en comparación con 2024. El entorno de riesgo se ha diversificado mediante tácticas de hostigamiento que buscan el desgaste del defensor antes del ataque físico.
Las metodologías de ataque más recurrentes durante el último año se concentraron en acciones que dañan la integridad pública y psicológica de los activistas. Esta tendencia se desglosa en tres ejes principales que, de forma combinada, representan el 54% de las incidencias registradas en el territorio nacional.
Desglose de tácticas de agresión prevalecientes
- Estigmatización: 28% de los casos totales.
- Intimidación: 13% de los registros.
- Difamación: 11% de las incidencias reportadas.
El Estado como principal agente agresor
Una de las revelaciones más críticas del informe es la identificación de los responsables de las agresiones. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, figura como el principal victimario al participar en 76 eventos documentados, lo que equivale al 56.2% de los casos. Esta cifra supera significativamente la actividad de la delincuencia organizada (9.6%) y de las empresas privadas (8.8%).
El perfil de las víctimas se concentra en dos grupos vulnerables que aglutinan el 75% de los ataques: integrantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas. Asimismo, el informe documenta la desaparición de tres defensores; si bien dos fueron localizados con vida, el paradero de uno de ellos permanece desconocido hasta la fecha.
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Crisis de género y fallas en los mecanismos de protección
La defensa del territorio ha adquirido un rostro femenino protagónico, lo que ha derivado en un aumento alarmante del 61.8% en las agresiones contra mujeres defensoras, con 70 ataques específicos registrados en 2025. Diana González, representante de la ONUDH, advirtió que estas mujeres enfrentan una doble vulnerabilidad: los obstáculos derivados de su género y los riesgos inherentes a su labor ambiental.
La ineficacia de las garantías gubernamentales se ejemplifica con el caso reciente de Erick Saracho, director de Alianza Jaguar. En lo que va de 2026, Saracho sobrevivió a un ataque armado en el que el Mecanismo de Protección mostró una respuesta deficiente: la asistencia médica tardó más de 25 minutos en arribar tras múltiples activaciones del botón de pánico. Esta vulnerabilidad ha forzado el desplazamiento forzado y el exilio del activista y su familia como única medida de supervivencia efectiva.
