El ex alcalde Sergio Torres y la diputada Elizabeth Montoya, ambos representantes de Movimiento Ciudadano, sufrieron un ataque a balazos en el centro de Culiacán, Sinaloa, el miércoles 28 de enero de 2026. Este atentado se produjo en el momento exacto del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, generando una condena inmediata del gobernador Rubén Rocha Moya y activando un despliegue institucional que puso en debate la seguridad de las figuras públicas en la región.
Tras la agresión, el diputado Sergio Torres fue reportado como grave, aunque estable, después de ser trasladado a terapia intensiva luego de salir de quirófano minutos después de las 16:00 horas. En contraste, la diputada Montoya fue declarada estable y fuera de peligro, si bien el incidente subrayó la escalada del riesgo que enfrentan los líderes electos sinaloenses.
Cronología y blanco del ataque en Culiacán
La agresión armada se concentró en el ex alcalde Sergio Torres y la diputada local Elizabeth Montoya mientras se encontraban en el centro de Culiacán. La gravedad del suceso ocurrido ese miércoles movilizó de inmediato a las esferas de gobierno, el sector salud y cuerpos de investigación.
El alcalde de Culiacán fue uno de los primeros en condenar enérgicamente el ataque, destacando la gravedad de que este tipo de violencia se materializara en la vía pública y estuviera dirigida contra representantes populares. La camioneta Ford F150 utilizada para trasladar a Torres al hospital, la cual presentaba múltiples impactos de bala, fue remolcada por policías de investigación y municipales, con apoyo de una grúa, para ser puesta a disposición de la autoridad competente.
Respuesta política e institucional: Un cierre de congreso sombrío
El ataque contra los miembros de Movimiento Ciudadano coincidió con un evento clave en la agenda del poder legislativo estatal.
Declaración de solidaridad y movilización oficial
El mismo 28 de enero de 2026, el Congreso de Sinaloa procedía a la sesión solemne programada para clausurar el periodo ordinario. El órgano legislativo utilizó esta plataforma para emitir una declaración de solidaridad formal y unánime hacia Torres y Montoya. La condena marcó un cierre atípico y sombrío para el ciclo de trabajo legislativo.
La respuesta del Gobierno del Estado se enfocó en garantizar el apoyo y supervisar la situación médica. El gobernador Rubén Rocha Moya, junto con otras figuras políticas relevantes, visitaron a los heridos en los centros hospitalarios. Esta presencia de alto nivel político se interpretó como una señal de que el ataque se percibía como un incidente que amenazaba directamente la estabilidad política de la entidad.
Estado de salud tras la intervención médica
Fuentes cercanas a los diputados proporcionaron una actualización detallada sobre la situación de los legisladores después del atentado.
Situación de Sergio Torres Félix
El diputado Sergio Torres Félix salió de quirófano y fue trasladado a terapia intensiva minutos después de las 16:00 horas.
- Pronóstico inmediato: Reportado grave, pero estable.
- Observación crítica: Permanecerá al menos 48 horas bajo observación en terapia intensiva, un periodo clave para su mejoría.
Situación de Elizabeth Montoya
La diputada Elizabeth Montoya se reportó estable y fuera de peligro. Aunque no se confirmaron públicamente las partes del cuerpo afectadas por proyectiles de arma de fuego, circula en redes sociales un video de su ingreso a la Cruz Roja de la base Leyva Solano, donde se observa sangre en su rostro.
Análisis crítico: La violencia que desestabiliza la democracia
La agresión directa a figuras públicas, incluyendo un ex alcalde y diputados locales, exige un replanteamiento de las estrategias de seguridad implementadas en Sinaloa. Este incidente, según la perspectiva de analistas, trasciende el mero evento criminal.
El analista Francisco Rocha García contextualizó el suceso dentro de la reflexión sobre "Cuando la balacera alcanza al poder", destacando la escalada de riesgo que enfrentan los políticos. Periodistas locales, como Josemiguel Souza, han señalado que el ataque es un acto que intenta desestabilizar la operación democrática, moviendo la discusión de la agenda cotidiana (como las presas, riesgos agrícolas o licencias de conducir permanentes) hacia la protección del sistema político mismo.
La cuestión que se mantiene en el ambiente es si la contundente condena pública del Congreso, teñida por la violencia, se traducirá en acciones concretas y eficaces que impidan la normalización de este tipo de agresiones dentro del paisaje político sinaloense, asegurando la integridad de los líderes electos sin recurrir a la militarización excesiva.
