Autoridades federales y estatales suspendieron las operaciones de extracción y procesamiento de minerales en la comunidad de La Labor, municipio de Baviácora, debido a la falta de permisos legales y al registro de daños ambientales visibles en la sierra sonorense.
Intervención estratégica en la Cuenca del Río Sonora
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ejecutó un operativo de clausura en un predio que abarca aproximadamente 30,600 hectáreas. La acción legal se concentró en la zona serrana adyacente a Mazocahui, donde se detectaron actividades mineras fuera de la normativa vigente.
La movilización respondió a una denuncia formal presentada por la organización civil Pueblo Unido en Defensa de la Cuenca del Río Sonora. Durante la inspección, las autoridades documentaron una combinación de minería artesanal, denominada comúnmente como gambusineo, junto con el uso de maquinaria pesada para la remoción de tierra.
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Evidencias de alteración ecológica y operativa
El equipo de inspección identificó estructuras y equipos que confirman la explotación intensiva del terreno sin los protocolos de mitigación requeridos:
- Represamientos de agua: Almacenamientos irregulares utilizados para el procesamiento del mineral.
- Áreas de lavado: Zonas específicas destinadas a la limpieza de materiales con impacto directo en el suelo.
- Maquinaria en activo: Presencia y operación de una retroexcavadora al momento de la diligencia.
Estas condiciones determinaron la clausura inmediata tanto de los frentes de extracción como de las plantas de procesamiento. La suspensión se formalizó mediante un acta de inspección basada en la legislación ambiental, garantizando el cese total de cualquier actividad que vulnere el equilibrio ecológico en la región.
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Colaboración ciudadana y vigilancia estatal
El origen de esta clausura reside en un recorrido de vigilancia realizado por los propios pobladores, quienes atendieron una solicitud directa del gobernador Alfonso Durazo para geolocalizar puntos críticos de contaminación. Integrantes del colectivo "Pueblo Unido en Defensa de la Cuenca del Río Sonora" recorrieron el tramo entre Arizpe y Mazocahui para documentar descargas de aguas negras y operaciones mineras irregulares.
La recopilación de evidencia incluyó registros en video, fotografías y coordenadas precisas, elementos que fueron validados en campo por agentes estatales y mandos policiales.
Protocolo de seguridad y notificaciones legales
El operativo se desarrolló sin incidentes bajo el resguardo perimetral de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Como parte del procedimiento jurídico, se notificó la orden de inspección tanto al presidente de la comunidad de Mazocahui como al arrendador del predio. Esta coordinación busca asegurar que las autoridades de procuración de justicia mantengan el seguimiento sobre conductas que atenten contra el patrimonio natural de Sonora.
