El aumento planificado a la tarifa del transporte público en Jalisco, que subirá de $9.50 a $14 pesos a partir del 1 de abril, ha generado una crisis operativa y política debido al fracaso en la distribución de la tarjeta VISA Al Estilo Jalisco. En un universo potencial de 3 millones de usuarios, apenas poco más de 60 mil personas han completado el proceso para obtener el plástico que reduce el costo a $11 pesos, mientras otras 300 mil están en trámite, un ritmo que la propia Coordinadora de Desarrollo Social, Andrea Blanco, reconoció como inferior al planeado.
El principal punto de fricción radica en que este descuento requiere que los usuarios entreguen, a cambio, sus datos biométricos, personales y de geolocalización, una medida que los colectivos opositores han calificado como invasiva y que motiva llamadas a la población a no tramitar la tarjeta como una medida de "autoprotección y repudio" al incremento.
La brecha operativa: 60 mil tarjetas contra 3 millones de usuarios
El gobierno estatal ha desplegado una intensa campaña publicitaria a favor del trámite, utilizando redes sociales y extensos tiempos al aire para que funcionarios del gabinete promuevan las supuestas bondades del plástico. Sin embargo, los datos a febrero de 2026 muestran la ineficacia del proceso logístico.
Andrea Blanco admitió que el ritmo de entrega de la tarjeta VISA Al Estilo Jalisco no cumplió con las proyecciones iniciales debido a "al principio algunas fallas en la plataforma" de registros. Aunque la funcionaria asegura que han trabajado "muy de cerca con la empresa financiera Broxel" para solventar estos problemas y la instalación de módulos ha mejorado la entrega, la realidad numérica evidencia que menos del 2% de los usuarios potenciales ha asegurado la tarifa subsidiada.
Advertencia: El costo del descuento es la privacidad
Para pagar $11 pesos en lugar de los $14 del nuevo "tarifazo", el usuario está obligado a ingresar sus datos biométricos, información personal y datos de geolocalización. Esta condición es la que ha catalizado la oposición de grupos ciudadanos, quienes organizan nuevas marchas, incluyendo una convocada para el próximo domingo, y promueven la firma de amparos colectivos.
Estrategia legal y política contra el aumento
El incremento tarifario, implementado por el gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, no solo enfrenta la resistencia en las calles, sino una ofensiva legal de alto nivel.
El senador morenista Carlos Lomelí anunció el 04 de febrero de 2026 que presentó un punto de acuerdo de urgente resolución en la Cámara Alta. El objetivo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva "con la prontitud que la situación exige" el juicio de amparo presentado contra el aumento.
Lomelí se mostró confiado en que el tarifazo pueda ser revertido por esta vía, recordando la modificación a la ley de amparo del año pasado que permite al Senado tutelar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Esta jugada legal busca utilizar la reciente reforma para forzar una intervención judicial rápida y dejar sin efecto el aumento antes de su aplicación total el 1 de abril.
