Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido el 5 de febrero de 2026 como parte de la “Operación Enjambre”. El alcalde, militante de Morena, enfrenta acusaciones federales graves que impactan directamente el corazón económico de la región: presuntamente lideraba una red de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras, además de mantener vínculos operativos con una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La captura, anunciada por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se ejecutó tras cinco cateos previos en Jalisco y culminó con el arresto no solo del edil, sino de tres de sus funcionarios de más alto nivel, señalando una posible estructura de corrupción enquistada en la administración pública municipal.
Análisis de la "Operación Enjambre" y las acusaciones federales
La detención de Rivera Navarro es uno de los casos más relevantes que involucran a un alcalde en funciones en un municipio de fama mundial. Las autoridades federales lo señalan por dos delitos principales que definen un esquema de cooptación institucional y crimen organizado: extorsión sistemática y lazos con el narcotráfico.
La doble imputación clave
Las acusaciones detallan cómo Rivera Navarro, quien asumió el cargo en octubre de 2024 como parte de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PVEM y PT), presuntamente utilizó su posición para manejar esquemas de coerción económica.
La implicación de altos funcionarios en la extorsión de la industria tequilera, un símbolo económico nacional, eleva el perfil de este caso más allá de una simple acusación de corrupción municipal.
El antecedente público: La citación por "El Mencho"
Antes de la “Operación Enjambre”, Diego Rivera Navarro ya había sido objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
En mayo de 2025, el entonces alcalde fue citado formalmente a declarar. La citación derivó de un evento musical organizado en el municipio, donde el grupo "Los Alegres del Barranco" se presentó. Durante el concierto, informes oficiales indicaron que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este incidente constituyó el primer señalamiento público sobre el posible manejo de la gestión municipal al servicio o bajo la influencia del crimen organizado, casi un año antes de su detención formal.
Los funcionarios detenidos en la red de corrupción municipal
La "Operación Enjambre" evidenció la presunta participación de una estructura de apoyo dentro del ayuntamiento. Junto al presidente municipal, se detuvo a tres funcionarios cuyas áreas de trabajo son estratégicas para el control territorial y el manejo de recursos.
Funcionarios y cargos arrestados
- Juan Manuel Pérez Sosa: Director de Seguridad Pública de Tequila. (Control de la policía municipal).
- Juan Gabriel Toribio Villarreal: Director de Catastro y Predial. (Clave para el registro de propiedades y cobro de impuestos, un punto sensible para la extorsión).
- Isaac Carbajal Villaseñor: Director de Obras Públicas. (Encargado de supervisar la infraestructura pública y proyectos de construcción).
Las autoridades indicaron que estos tres altos funcionarios también se encuentran bajo investigación por su presunta relación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La concentración de detenidos en carteras como Seguridad, Catastro y Obras Públicas sugiere un control metódico sobre los mecanismos de fiscalización y fuerza dentro del municipio.
La postura política de Morena Jalisco
Tras el anuncio de la detención, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado oficial el mismo 5 de febrero de 2026. La dirigencia estatal se deslindó formalmente del alcalde y su equipo.
El partido estableció una postura de respeto al proceso judicial:
- Defensa del Estado de Derecho: Afirmaron que "nadie está por encima de la ley" y defendieron la legalidad, la justicia y la transparencia como "principios irrenunciables" del movimiento.
- Confianza Institucional: Expresaron confianza en que las autoridades competentes realizarán su trabajo "conforme a los procedimientos legales establecidos", garantizando el debido proceso.
- Derecho a la Defensa: Reconocieron el derecho del alcalde a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga.
La conclusión del comunicado fue clara: “será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades”, las cuales deberán asumirse “conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”, independientemente de la militancia del imputado.
La detención de Diego Rivera Navarro subraya la tensión constante entre la política electoral y la infiltración criminal a nivel local. Si las acusaciones federales se sostienen, el caso representa un ejemplo de cómo los cárteles buscan controlar regiones estratégicas no solo por la fuerza, sino mediante la cooptación de las estructuras administrativas más importantes del gobierno municipal.
