El Gobierno de México inició un proceso de revisión exhaustiva sobre la concesión de la minera Camino Rojo en Zacatecas, tras confirmarse mediante paneles del T-MEC que la empresa canadiense Orla Mining incurrió en injerencia patronal y permitió la intimidación de trabajadores mediante grupos delictivos.
Revisión institucional ante la violencia laboral en Mazapil
La administración federal mantiene bajo análisis la operatividad de la mina Camino Rojo, localizada en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Tras las denuncias sobre actos de intimidación y amenazas directas contra el personal, la presidencia de la República confirmó que el expediente se encuentra en manos de las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad de la compañía en la vulneración de derechos fundamentales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños, lidera las indagatorias para profundizar en el contexto de violencia que rodea a la extracción de oro y plata en la región. El enfoque de la investigación no se limita al ámbito laboral, sino que integra la participación del gabinete de seguridad para desarticular los mecanismos de presión ejercidos por el crimen organizado en favor de intereses corporativos.
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El veredicto del T-MEC y la responsabilidad de Orla Mining
Un panel especializado del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluyó que la firma canadiense es responsable directa de injerencia patronal. Los hallazgos de los expertos panelistas son contundentes:
- Evidencia de coacción: Se documentaron amenazas de muerte y actos de violencia física contra empleados en sus propios domicilios.
- Ataque a la autonomía sindical: Las agresiones ocurrieron durante asambleas de la sección 335 del Sindicato Minero, liderado por Napoleón Gómez Urrutia.
- Sindicatos de protección: El objetivo de la violencia era forzar la afiliación de los trabajadores a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, un gremio alineado con la visión patronal.
La resolución preliminar destaca que la empresa guardó silencio deliberado ante la intervención de células delictivas que actuaron como brazo ejecutor para fracturar el contrato colectivo vigente. Esta omisión sitúa a la compañía en una posición jurídica comprometida frente a los estándares internacionales de comercio y derechos humanos.
Posible revocación de concesiones mineras
La gravedad de las violaciones documentadas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retirar la concesión minera a Orla Mining. Ante los cuestionamientos sobre la complicidad empresarial en delitos de alto impacto, la jefatura del Ejecutivo ha supeditado la decisión final al resultado de las reuniones estratégicas con el sector laboral y las instancias de paneles internacionales.
"El caso se revisa con el gabinete de seguridad y todo lo que tiene que ver con los paneles internacionales", determinó la autoridad nacional.
La documentación presentada por investigaciones periodísticas recientes refuerza la tesis de que el crimen organizado fue utilizado como una herramienta de control laboral. Este precedente marca un punto de inflexión en la relación con las mineras extranjeras en territorio mexicano, exigiendo un cumplimiento estricto de la ley por encima de la rentabilidad extractiva.
