El resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, al noroeste de Puerto Vallarta, se encuentra bajo una intensa investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, debido a sus presuntos vínculos con una red de fraude de tiempos compartidos operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción se suma a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha identificado al complejo como pieza central de un esquema delictivo que ha afectado a miles de ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
El entramado del fraude y las sanciones internacionales
La investigación de la OFAC ha revelado que Kovay Gardens, que se promocionaba como un exclusivo complejo de lujo frente a la Bahía de Banderas, es parte de una red de fraude de tiempos compartidos que el CJNG controla desde al menos 2012. Este esquema utiliza tácticas engañosas, incluyendo llamadas automatizadas para atraer a posibles compradores a presentaciones de venta. Durante estas presentaciones, se emplean prácticas de venta fraudulentas, como prometer falsamente que los propietarios pueden generar ingresos al alquilar sus semanas no utilizadas y realizar sobrecargos sistemáticos a tarjetas de crédito. Posteriormente, la base de datos de clientes es compartida con centros de llamadas controlados por el CJNG, que ejecutan fraudes de reventa, re-renta y "revictimización", donde los estafadores se hacen pasar por abogados o funcionarios para exigir nuevos pagos bajo la promesa de recuperar fondos perdidos.
Las sanciones de la OFAC, anunciadas este jueves, incluyen el bloqueo de cuentas y bienes relacionados con Kovay Gardens, así como la designación de cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas a la estructura financiera y operativa del resort. Esta es la sexta ocasión en que la OFAC sanciona a individuos y entidades ligadas a las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG, sumando más de 90 personas y entidades designadas hasta la fecha.
Figuras clave y empresas implicadas en la red
Entre los individuos sancionados por la OFAC se encuentran:
La red corporativa Rivera Miramontes, compuesta por 13 empresas, también está implicada. Algunas de las empresas sancionadas incluyen:
Estas empresas operan en diversos sectores, incluyendo el turístico, inmobiliario y de servicios financieros, muchas de ellas en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, considerado un bastión estratégico del CJNG.
Coordinación binacional y acciones futuras
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha confirmado que la UIF presentará la denuncia correspondiente en México, aunque no se han detallado más las indagatorias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con autoridades estadounidenses, ha reforzado las acciones contra esta red, incorporando a siete sujetos adicionales (seis personas físicas y una moral) a la Lista de Personas Bloqueadas. Se han identificado flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles.
A pesar de la contundencia de las sanciones estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha declarado desconocer la investigación específica de Estados Unidos sobre Kovay Gardens, aunque reconoce tener carpetas abiertas por estafas en el sector turístico de la entidad, centradas en desarrollos inexistentes o condiciones engañosas. La coordinación con instancias consulares se activa cuando las víctimas son extranjeras para fortalecer las investigaciones locales.
Las autoridades estadounidenses, incluyendo la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), han intensificado sus esfuerzos para frenar estas prácticas, mientras que el Departamento de Justicia ha presentado acusaciones contra miembros del CJNG implicados en esquemas similares. El objetivo es erradicar la capacidad de estos grupos para generar ingresos ilícitos y proteger a los ciudadanos estadounidenses de ser victimizados.
