A escasos días del 8 de marzo de 2026, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y colectivas feministas en México enfrentan una de las crisis de financiamiento más severas de la última década. El Paquete Económico 2026 ha centralizado recursos y recortado fondos para refugios, generando una brecha operativa estimada en un 4.3% menos que el año anterior.
¿Cómo la centralización presupuestaria y el retiro de fondos internacionales impactan la operación de las ONG feministas?
El análisis técnico indica que la precariedad presupuestaria actual se deriva de una confluencia de factores estructurales. La fusión de programas federales ha resultado en una reducción significativa de la transparencia y la disponibilidad de recursos etiquetados, particularmente aquellos destinados a la operación de refugios y centros de atención a víctimas de violencia. Esta integración presupuestaria en bolsas genéricas dificulta el seguimiento y la asignación específica de fondos, un desafío recurrente en la trayectoria de la industria.
Paralelamente, se observa un impacto global derivado del retiro de fondos internacionales. El cambio en las políticas de cooperación de actores clave, como Estados Unidos, ha afectado a más de 60 organismos que históricamente apoyaban la agenda de género en el Sur Global. Esta tendencia ha mermado una fuente vital de financiamiento para las organizaciones mexicanas, exacerbando la vulnerabilidad operativa.
Adicionalmente, la evidencia técnica revela que el modelo de gasto asistencialista prevalece, concentrando el 50.1% de los recursos para la igualdad en la Secretaría del Bienestar. Esta priorización del apoyo económico individual, como la Pensión Mujeres Bienestar, sobre el fortalecimiento de las estructuras organizativas autónomas, omite el papel fundamental de las OSC como intermediarias en la protección de derechos humanos y la provisión de servicios especializados.
¿Qué estrategias de resiliencia y denuncia emergen ante la precariedad operativa en el ecosistema feminista?
En la última semana, el ecosistema feminista ha activado mecanismos de emergencia para mitigar la crisis. Se ha constatado el lanzamiento de diversas campañas de "crowdfunding" por parte de colectivas, destinadas a sufragar los costos logísticos de la marcha del 8M, incluyendo sonido, seguridad y materiales. Este caso de uso de autogestión colectiva demuestra una alta capacidad de movilización y aprovechamiento de recursos propios, principalmente el trabajo voluntario.
Sin embargo, la demanda supera la oferta de financiamiento disponible. Organizaciones clave como Fondo Semillas han cerrado sus periodos de postulación para financiamiento flexible, recibiendo una demanda de solicitudes que excede su capacidad de respuesta inmediata, lo que subraya la magnitud de la brecha.
Para los próximos siete días, se anticipa una intensificación de la tensión política y operativa. Las organizaciones utilizarán la coyuntura del 8M para visibilizar no solo la violencia de género, sino también la "asfixia presupuestaria" que enfrentan los refugios. Se espera la movilización de más de 100,000 mujeres en la Ciudad de México bajo el lema "Mujeres Siempre Vivas", donde la exigencia de recursos para protección será un eje central.
A pesar de las amenazas, existen factores a favor. La autogestión colectiva y el apoyo de gobiernos locales, como el programa "Tiempo de Mujeres" en la Ciudad de México que ofrece espacios de difusión, representan fortalezas. Asimismo, la diplomacia feminista ha forjado alianzas estratégicas con países como Francia, que mantienen fondos de apoyo específicos. No obstante, persisten desafíos como la invisibilización presupuestaria, manifestada en la falta de líneas específicas en el Anexo 13 del presupuesto federal, la escasez de fondos flexibles y la carga de cuidados que genera agotamiento en el personal de las ONG debido a la alta demanda de servicios y bajos salarios.
¿Por qué la sostenibilidad del financiamiento feminista es un riesgo sistémico que trasciende la efeméride del 8M?
¿Qué soluciones estratégicas se proponen para asegurar la infraestructura operativa de las colectivas feministas?
Para abordar esta crisis, se plantean recomendaciones estratégicas dirigidas a diversos actores. Para el sector privado, se sugiere la implementación de fondos de Inversión con Lente de Género que no solo financien proyectos específicos, sino que fortalezcan la infraestructura operativa de las colectivas locales. Este enfoque representa una solución avanzada que reconoce la necesidad de capital flexible y de largo plazo.
Para las organizaciones, se recomienda diversificar las fuentes de ingresos mediante modelos híbridos. Esto incluye la provisión de servicios de capacitación a empresas, la creación de programas de membresías y el establecimiento de alianzas estratégicas con la academia para el desarrollo de proyectos conjuntos y la obtención de fondos de investigación.
Finalmente, para el poder legislativo, se considera imperativo exigir la restitución de líneas presupuestarias específicas para refugios. Esta medida es fundamental para garantizar el principio de progresividad de los derechos humanos y asegurar que los recursos necesarios estén disponibles y sean transparentes para las organizaciones que brindan servicios críticos en la lucha contra la violencia de género.
