La Asamblea Popular contra el Tarifazo en Guadalajara realizó protestas masivas, incluyendo una marcha el domingo 8 de febrero de 2026, contra el drástico incremento del transporte público de $9.50 a $14 pesos. Estas movilizaciones no solo rechazan el alza tarifaria, catalogada de "robo en despoblado", sino también la implementación obligatoria de la Tarjeta VISA Naranja, la cual exige datos personales, biométricos y de geolocalización a cambio de una tarifa preferencial de $11 pesos. La controversia se intensifica con la crítica a un subsidio de $1,200 millones de pesos destinado directamente a los transportistas.
El corresponsal Juan Carlos G. Partida reportó que la marcha, la segunda de ese fin de semana, partió de la glorieta de la Minerva y avanzó por la avenida López Mateos hasta llegar a Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
La escalada del pasaje y la opacidad del subsidio
El aumento a $14 pesos marca un salto considerable que, según los manifestantes, golpea directamente la economía popular, obligando a muchos ciudadanos a privarse de otras necesidades para poder trasladarse a estudiar o trabajar. La indignación se dirige al supuesto subsidio millonario, percibido como un beneficio injustificado para los empresarios camioneros.
El colectivo insiste en que el problema es sistémico, señalando que la complicidad con las empresas transportistas es un patrón en gobiernos de Movimiento Ciudadano, como demuestra el caso de Nuevo León, donde está en curso otro "tarifazo" que podría llevar el cobro por traslado hasta los $17 pesos.
En la manifestación del sábado, organizada por otros colectivos desde el Parque Revolución, además de exigir frenar el alza, se propuso la creación de una empresa estatal de transporte público. Esta empresa tendría una tarifa social de $5 pesos y operaría bajo un modelo eléctrico.
El riesgo de la tarjeta naranja: Datos biométricos y geolocalización
Uno de los puntos de fricción más importantes es la imposición de la Tarjeta VISA Naranja como condición para acceder a la tarifa reducida de $11 pesos. Esta tarjeta, operada por la financiera Broxel, exige a los usuarios la entrega de información sensible.
Los manifestantes han expresado gran preocupación, especialmente por la población más vulnerable. La adquisición de esta tarjeta para el precio "preferencial" requiere la entrega de:
- Datos personales y biométricos.
- Información de geolocalización.
- Apertura a riesgos cibernéticos: Existe la preocupación de que este sistema exponga información de niñas, niños y adolescentes a eventuales ataques cibernéticos o mal uso de datos.
La leyenda "No queremos una tarjeta bancaria para usar camiones" fue constante, junto con la demanda de "Transporte gratuito para adultos mayores y discapacitados", reflejando el rechazo a convertir el acceso al transporte en una transacción bancaria sujeta a vigilancia.
Demandas políticas y el contraste con los proyectos de la FIFA
Al llegar a Casa Jalisco, los manifestantes realizaron un pronunciamiento claro. Afirmaron que el gobierno "naranja" está dañando la economía de los sectores más vulnerables de la población.
Las consignas gritadas durante el trayecto incluyeron peticiones de renuncia para el gobernador Pablo Lemus o, en su defecto, la realización de un ejercicio de revocación de mandato.
Además, se criticó el contraste entre la inversión social y el gasto en infraestructura calificada de "relumbrón" con motivo del Mundial de Futbol. La consigna "No queremos FIFA, que baje la tarifa" se refiere específicamente a la premura por las obras necesarias para los cuatro juegos del torneo en Jalisco. Por ejemplo, ante la urgencia, se priorizó un camión articulado que está por inaugurarse en lugar de consolidar un proyecto bien planeado para una nueva línea de tren eléctrico hacia el aeropuerto.
La respuesta de la sociedad civil y los recursos legales
La convocatoria a la movilización del domingo fue organizada por una alianza de 18 colectivos diversos, lo que subraya la amplitud del rechazo. Entre los grupos participantes se encuentran familiares de personas desaparecidas, jubilados de Pemex y el comité Guadalajara pro Palestina.
La polarización del conflicto ha requerido la intervención de observadores externos. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) estuvo presente debido a reportes de detenciones arbitrarias y exceso de fuerza policial contra manifestantes, particularmente estudiantes, en dos protestas previas.
Mientras el gobernador Lemus viajaba a España, intensificando las críticas por la falta de atención al conflicto local, los manifestantes anunciaron que aumentarán el nivel de las protestas en la calle. Paralelamente, la oposición está utilizando todas las vías legales disponibles para revertir el aumento, incluyendo la presentación de plebiscitos, referendos y amparos colectivos contra la medida.
