La abogada Cira Claudia Cruz Díaz denunció formalmente al juez Octavio Ruiz Pereira, del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, por presuntos actos de violencia institucional y abuso de autoridad. El juzgador habría negado el derecho a una defensa técnica adecuada durante una audiencia de vinculación.
El quiebre de la imparcialidad en el sistema judicial de San Cristóbal
Los hechos documentados exponen una serie de vulneraciones a los derechos humanos y a los principios fundamentales del proceso penal acusatorio. La denuncia señala que el servidor público encargado de actuar como un tercero imparcial y garante de la igualdad procesal, ignoró activamente las garantías de la víctima. Esta situación refuerza la percepción de impunidad y desconfianza en las instituciones públicas, alimentada por contextos de desigualdad y corrupción que afectan directamente la administración de justicia en el estado.
La situación se tornó crítica cuando la afectada, quien enfrenta un proceso por violencia familiar y despojo, se presentó a la audiencia inicial programada para el 10 de marzo. El objetivo de la diligencia era vincular a proceso a sus siete hermanos, señalados como los presuntos agresores en la carpeta de investigación.
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La negación del derecho a la defensa y el estado de indefensión
Un día antes de la cita judicial, el asesor jurídico original de la víctima notificó que no continuaría con el caso. Ante este escenario de vulnerabilidad, Cruz Díaz solicitó formalmente al juez el diferimiento de la audiencia, presentando una promoción fundamentada en su derecho como víctima a contar con representación legal de su confianza.
A pesar de la solicitud expresa, el juez Ruiz Pereira se negó a otorgar el tiempo necesario para que la denunciante pudiera conseguir una nueva defensa. En lugar de garantizar el debido proceso, el juzgador procedió a nombrar a un defensor de oficio en ese mismo instante. El profesional asignado también solicitó el diferimiento de la audiencia bajo el argumento de que desconocía por completo el contenido del expediente, una petición que fue desestimada por el juez bajo la premisa de que el defensor "conoce el sistema".
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Cinco años de violencia familiar y la falta de medidas cautelares
El conflicto tiene su origen en una disputa por una propiedad que la abogada posee mediante escritura pública legada por su padre. Según el testimonio recabado, los siete hermanos han ejercido violencia de manera continua durante los últimos cinco años, llegando incluso a desalojarla de su propio domicilio.
Durante el desarrollo de la diligencia, se solicitó al juez la emisión de medidas cautelares urgentes para detener las agresiones constantes y garantizar la integridad física y patrimonial de la víctima. No obstante, el órgano jurisdiccional omitió pronunciarse o ejecutar acciones de protección, ignorando tanto la petición de la afectada como la de su abogado asignado. Actualmente, los agresores se han acogido al término constitucional de 144 horas, por lo que el proceso se reanudará en los próximos días.
Exigencia de justicia y respeto a la asesoría jurídica de confianza
La Red Intercultural de Abogadas de Chiapas ha manifestado su respaldo total a la afectada, recordando que la normativa vigente establece que toda persona en calidad de víctima tiene el derecho inalienable de elegir a su asesoría jurídica en cualquier etapa del procedimiento. Esta facultad debe ser garantizada sin excepciones por el órgano jurisdiccional para evitar que el proceso se convierta en una herramienta de revictimización.
La falta de sensibilidad procesal y el ejercicio arbitrario de la autoridad no solo afectan el caso particular de Cira Claudia Cruz Díaz, sino que sientan un precedente negativo sobre el acceso a la justicia para las mujeres en Chiapas, especialmente cuando los propios operadores del sistema son señalados como los infractores.
