La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, instó formalmente a México a garantizar la protección inmediata de Santiago Jiménez Jiménez, concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) para la zona norte de Chiapas. Jiménez y su familia han enfrentado una escalada de amenazas por grupos armados en el municipio de Tila, una región que registró altos niveles de violencia, incluyendo asesinatos de miembros del CNI, entre enero y marzo de 2024.
La preocupación de la ONU persiste debido a que la información más reciente indica que las amenazas y actos de intimidación contra el defensor indígena ch’ol siguen activos, a pesar de la respuesta que el gobierno mexicano emitió el 31 de octubre de 2025. El caso expone una tensión estructural en Chiapas, donde la defensa territorial se cruza con una violencia compleja, dificultando la aplicación efectiva de los mecanismos de protección federal.
La cronología de la intimidación contra Santiago Jiménez Jiménez
El caso de Santiago Jiménez Jiménez no es un incidente aislado, sino una serie de actos que demuestran una hostilidad sostenida en su contra desde mediados de 2024. Lawlor difundió una comunicación enviada por la ONU en septiembre de 2025 donde se detallan los riesgos a los que está expuesto el defensor.
Los registros de la Relatora Especial Mary Lawlor documentan eventos específicos de intimidación, incluyendo:
- Julio de 2025: Se publicaron dos notas difamatorias en páginas de Facebook, acusándolo de inventar escritos y calificándolo de “mentiroso, infante, asesino, violador, vándalo”. Estas publicaciones estaban acompañadas de una fotografía obtenida de la cuenta de WhatsApp de su esposa, una imagen que solo debía ser visible para sus contactos.
- Agosto de 2025: Dos funcionarios de la Policía de Investigación se aproximaron a Jiménez para solicitarle su nombre e identificación personal. Le informaron que tres personas anónimas lo habrían señalado para que fuera detenido.
- Diciembre de 2025: Individuos presuntamente asociados con el grupo armado conocido como Karma accedieron a su casa forzando el techo, en al menos dos ocasiones distintas.
El dilema del "nexo causal": la negativa del Mecanismo de Protección
Uno de los puntos clave del análisis de la ONU fue la decisión que tomó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual rechazó proporcionar medidas de seguridad.Checklist de la Denegación de Protección (Septiembre de 2024):
El Mecanismo emitió una decisión negativa a la solicitud de medidas a favor de Jiménez, argumentando que:
- Las situaciones e incidentes de riesgo a los que hace referencia no tienen un nexo causal directo con sus actividades de defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio.
- El riesgo se deriva de un contexto más amplio de violencia estructural que se ha venido gestando en Chiapas durante años.
Esta distinción oficial, entre el riesgo laboral y el riesgo contextual, es un matiz crítico que la ONU monitorea, ya que puede dejar desprotegidos a los activistas que operan en zonas de alta complejidad social como Tila.
Respuesta del gobierno mexicano y la visión de Chiapas
Ante la comunicación de la ONU de septiembre de 2025, el gobierno mexicano respondió el 31 de octubre de ese mismo año, detallando las acciones implementadas a nivel estatal y reconociendo el contexto de Chiapas.
Desde la fiscalía estatal, las medidas de protección brindadas han consistido en patrullajes preventivos, constantes y permanentes en el domicilio de las personas víctimas.
Sin embargo, el gobierno precisó dos puntos clave:
- Hasta octubre de 2025, Santiago Jiménez Jiménez no había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público respecto a los hechos presuntamente relacionados con el CNI.
- El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha impulsado la mediación y el diálogo comunitario entre los grupos involucrados en Tila, destacando la suscripción del Pacto de Civilidad para la Paz en el municipio el 13 de marzo de 2025.
La Relatora Mary Lawlor mantiene que su preocupación persiste, especialmente cuando las acciones de intimidación no cesan, incluso después de las medidas preventivas reportadas por el gobierno. La falta de denuncia formal, mencionada por las autoridades mexicanas, pone de relieve las complejidades y la desconfianza que a menudo experimentan los defensores en regiones controladas por grupos armados. La pregunta central es si los patrullajes preventivos son suficientes para contrarrestar la amenaza directa de estructuras criminales como Karma.
