La Cámara de Diputados ha recibido una iniciativa crucial que busca transformar las capacidades de las corporaciones de seguridad pública estatales en México. Esta propuesta, originada en el Congreso de Chiapas y respaldada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, plantea permitir a las policías estatales el uso de armamento que actualmente es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El objetivo central es cerrar la brecha operativa entre las fuerzas de seguridad civil y el poder de fuego del crimen organizado, que emplea armas de grueso calibre como el fusil Barrett o el calibre .50.
Origen y justificación de la iniciativa
La iniciativa surge de una propuesta original del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, con el fin de dotar a los elementos locales de mejores herramientas tácticas frente a la delincuencia organizada, especialmente en la frontera sur del estado. El proyecto fue aprobado previamente por unanimidad en la legislatura chiapaneca el 5 de febrero de 2026.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha destacado que la medida responde a la necesidad de adaptar la estrategia de seguridad a la realidad delictiva del territorio nacional. Se busca superar la asimetría de armamento que enfrentan las policías locales ante la capacidad de fuego de las bandas criminales, lo que hace "muy complicado" para las policías estatales enfrentar estas amenazas con su equipamiento actual. La reforma permitiría a unidades especializadas, como el grupo de reacción inmediata PAKAL en Chiapas, portar armamento de mayor potencia en contextos de riesgo donde las capacidades actuales resultan insuficientes.
Controles y principios de la reforma
A pesar de la propuesta de dotar a las policías estatales con armamento de uso militar, la justificación oficial enfatiza que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conservará el control total. Esto incluye la supervisión, licencias, permisos y resguardos del equipo autorizado, con el fin explícito de evitar la militarización de las corporaciones civiles.
La iniciativa plantea una reinterpretación funcional del régimen de armamento reservado, manteniendo intactos los principios constitucionales que reconocen el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Se prevé que el uso de este armamento esté sujeto a principios estrictos de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, prevención, rendición de cuentas, vigilancia, oportunidad y respeto a los derechos humanos, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Proceso legislativo y perspectivas futuras
La iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su dictamen. Se anticipa la apertura de una consulta pública, a la que se invitará a los gobernadores de los estados, muchos de los cuales, según Monreal, "seguramente estarán de acuerdo" debido a que enfrentan condiciones similares de menor capacidad de fuego contra el crimen organizado. Chiapas es el primer estado en presentar una propuesta de este tipo, marcando un precedente importante en el debate sobre la seguridad pública en México.
Esta reforma busca fortalecer la respuesta del Estado frente a escenarios de alta violencia, sin renunciar a los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, y manteniendo un estricto control institucional sobre el armamento.
