Organizaciones civiles y defensores de la población migrante han exhortado categóricamente al gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a negar cualquier reactivación de los Migrant Protection Protocols (MPP), conocido coloquialmente como “Quédate en México”. La advertencia principal radica en que la instrumentación previa del programa, entre 2019 y 2021, expuso sistemáticamente a cerca de 70 mil personas retornadas a un estado de indefensión y a redes del crimen organizado.
La profunda preocupación se incrementa ante la posibilidad de que la nueva administración de Estados Unidos retome el MPP, apuntando incluso a perfiles de alto riesgo que no están ubicados únicamente en la frontera, como familias con niños detenidas en el interior del país o individuos con procesos migratorios en curso. Por ello, las ONGs dirigieron una carta pública también al canciller Juan Ramón de la Fuente y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, urgiendo el rechazo absoluto a la política que amenaza la protección internacional.
Las consecuencias documentadas del MPP (2019-2021)
La primera fase de implementación del programa “Quédate en México”, que se extendió de 2019 a 2021, resultó en el retorno de aproximadamente 70 mil personas a territorio mexicano sin que existieran medidas adecuadas para garantizar sus derechos humanos o atender su especial vulnerabilidad. Esta carencia de salvaguardas dejó a miles de personas sin acceso efectivo a derechos básicos, entre ellos la salud, el trabajo formal y la educación para niñas y niños.
Diversos organismos internacionales y organizaciones civiles documentaron que la principal consecuencia de esta política fue la exposición de las personas a redes criminales en distintas regiones del país. Las ONGs, incluyendo el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Bloque Latinoamericano sobre Migración, Al Otro Lado, Asociación de Venezolanos en México y Asylum Access Mx, resaltaron la gravedad de las violaciones registradas:
Checklist de violaciones graves documentadas
- Violencia y secuestros.
- Desapariciones forzadas.
- Quemaduras con ácido.
- Fracturas y palizas.
- Múltiples formas de violencia basada en género (particularmente abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades).
Las organizaciones señalaron que esta exposición colocó a los retornados en una situación de indefensión frente a ambos países.
El precedente legal: Las obligaciones del gobierno mexicano
El riesgo de una nueva colaboración con Estados Unidos es particularmente delicado dado el historial legal mexicano. Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha sentado un precedente legal que obliga a las autoridades a modificar su actuación en esta materia.
Al resolver el Amparo en Revisión 302/2020, la SCJN reconoció que las autoridades mexicanas incurrieron en responsabilidad por no haber establecido protocolos y lineamientos claros para la recepción de personas retornadas bajo una política migratoria que integrara las perspectivas de género, infancia y discapacidad.
Advertencia legal: Requisitos inquebrantables de la SCJN
La Corte dictaminó expresamente que las autoridades mexicanas deben abstenerse de recibir personas migrantes devueltas desde Estados Unidos sin que se cumpla estrictamente lo siguiente:
- Publicación previa, en el Diario Oficial de la Federación, de los lineamientos de recepción.
- Garantizar en dichos lineamientos medidas de protección.
- Asegurar la emisión de la documentación migratoria necesaria.
- Garantizar el acceso efectivo a derechos básicos para los retornados.
Contexto de la posible reactivación: La orden ejecutiva de 2025
La actual preocupación se originó en 2025, cuando la nueva administración de Estados Unidos emitió la orden ejecutiva titulada “Asegurando nuestras fronteras”. Entre sus disposiciones se contempla de manera explícita el restablecimiento del MPP.
Aunque en julio de 2025 un juez de distrito determinó que la administración podría reanudar parcialmente el programa, la medida fue impugnada inmediatamente por organizaciones civiles y la situación continúa en litigio. No obstante, las recientes advertencias de diversas fuentes señalan que el gobierno estadounidense podría retomar la política en los próximos días, presionando la colaboración mexicana.
Esta posible reactivación coloca al gobierno de la presidenta Sheinbaum en una coyuntura política y legal compleja: la cooperación bilateral frente al riesgo real y documentado de exponer a solicitantes de asilo a crímenes atroces, ignorando el mandato expreso de la máxima instancia judicial mexicana.
