El Plan B de Sheinbaum fue enviado formalmente al Senado de la República este mes de marzo de 2026, proponiendo cambios profundos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para establecer topes máximos de remuneraciones a funcionarios electorales y adelantar la elección judicial, impactando directamente en la estructura financiera de los partidos políticos y congresos locales.
¿En qué consiste el Plan B de Sheinbaum para el INE?
La propuesta establece que ningún consejero del INE, magistrado electoral o alto funcionario de los OPLES podrá ganar más que la Presidenta de México, fijando un tope salarial estricto de 1,500 UMAs. Además, elimina definitivamente privilegios históricos como bonos especiales, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales. En el ámbito de fiscalización, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar mediante convenios el origen de los recursos partidistas y prohíbe tajantemente el uso de dinero en efectivo, de procedencia extranjera o de origen no comprobable.
¿Cuándo se realizará la elección judicial y la revocación de mandato?
La elección judicial se llevará a cabo en el año 2027. La mandataria federal tomó esta decisión estratégica para aprovechar la infraestructura y logística de las elecciones intermedias que se celebrarán ese mismo año. Por su parte, la consulta para la revocación de mandato se programará para el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028), dependiendo del momento en que la ciudadanía solicite formalmente el ejercicio.
"Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto. Ya está en la Constitución, pero no se respeta... Se acabarán los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores, ingresos adicionales." — Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, marzo de 2026
¿Qué pasará con los regidores y los Congresos locales?
El proyecto de ley ordena una reducción drástica en la burocracia municipal y estatal. Las regidurías se limitarán de siete hasta un máximo de 15 posiciones, dependiendo de la densidad poblacional de cada municipio, permitiendo únicamente una sindicatura. En el caso de los congresos estatales, se impondrá un tope presupuestal inamovible del 0.70 por ciento sobre el presupuesto de egresos de la entidad. El gobierno federal confirmó que los ahorros generados por estos recortes se destinarán obligatoriamente a obras de infraestructura pública.
