Profepa clausura desmonte ilegal de manglar y lotificación en Progreso, Yucatán

Profepa clausura desmonte ilegal de manglar y lotificación en Progreso, Yucatán

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura temporal total a obras ilegales de desmonte de manglar y lotificación en Chelem Puerto, Progreso, Yucatán. Esta acción se desprendió de una denuncia presentada por la Comisaria Ejidal de Chelem, afectando una superficie total de 18,596 metros cuadrados de ecosistema protegido. La dependencia constató que las actividades, que incluyeron corte y quema de vegetación para crear asentamientos irregulares, carecían de la autorización ambiental obligatoria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El incidente revela una alarmante reincidencia en la devastación de humedales costeros, dado que la inspección de Profepa se realizó en el mismo predio donde recién había concluido un cierre temporal previo. La lotificación para viviendas irregulares sobre el manglar no solo destruye un ecosistema clave, sino que también implica la ocupación de terrenos sin ningún tipo de planeación territorial o legalidad, un patrón de daño que la autoridad ambiental está obligada a contener de inmediato.

Reincidencia y la extensión total del daño en Chelem Puerto

La clausura del 4 de febrero de 2026 en Chelem Puerto, municipio de Progreso, fue resultado de una visita de seguimiento a un predio previamente sancionado. A pesar de la suspensión anterior de obras y actividades, Profepa verificó la continuidad del daño ambiental.

La acción de la autoridad se activó gracias a la denuncia oportuna presentada por la Comisaria Ejidal de Chelem, quien proporcionó la ubicación exacta del sitio donde se ejecutaba el desmonte y la eliminación del manglar.

El análisis de la inspección, realizada el 23 de enero, reveló que las actividades ilícitas afectaron un área significativa de manglar, totalizando 18,596 metros cuadrados. La Profepa confirmó la comisión de varios delitos ambientales:

  • Corte y eliminación de vegetación.
  • Desmonte y quema de manglar.
  • Lotificación del terreno para destinarlo a asentamientos irregulares.

Tipología del uso ilegal de suelo: Análisis de los dos sitios afectados

Dentro del predio inspeccionado, Profepa detectó dos zonas claramente diferenciadas que manifestaban distintos niveles de invasión y daño. Este desglose es clave para entender la escala del problema y la progresión de los asentamientos irregulares.

Evidencia del delito reciente y la necesidad de la clausura

Profepa determinó que las actividades de destrucción de manglar fueron ejecutadas recientemente. Esta conclusión se basó en el "análisis forense" del sitio, donde se observó el estado fresco de los restos vegetales.Checklist de evidencias encontradas por Profepa:

  • Restos vegetales: Tocones, ramas y árboles cortados apilados en montículos para su secado, un indicio claro de la quema planeada.
  • Evidencia de fuego: Marcas claras del uso de fuego para despejar la vegetación.
  • Delimitación: Instalación de postes de madera y el uso de hilo-cinta color amarillo para delimitar los lotes, señalizando la intención de venta o asignación de las parcelas.
  • Ocupación: Estructuras habitacionales en el lado poniente con servicios básicos conectados.

Ante la falta de conocimiento de que exista cualquier tipo de autorización ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para estas obras, Profepa impuso la clausura temporal total. Esta medida de seguridad es indispensable para ordenar el cese inmediato de toda actividad y mitigar la extensión de los daños a este ecosistema costero de manglar, que es crucial para la estabilidad de la zona.

La presencia de estructuras ya habitadas y con servicios en el lado poniente del predio clausurado en Chelem Puerto eleva el conflicto a una dimensión social y de ordenamiento territorial mucho más compleja que la simple sanción administrativa. Esto obliga a la Profepa y a Semarnat a coordinar no solo la protección ambiental, sino también la revisión de cómo se otorgan servicios públicos (agua y electricidad) en terrenos cuya ilegalidad territorial y ecológica es evidente y ya fue constatada con sellos oficiales.


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