La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo solicitó formalmente a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) el inicio de estudios técnicos y legales para establecer una nueva regulación tarifaria en el servicio de pasajeros. Esta medida busca reactivar siete rutas clave y garantizar que las empresas concesionarias operen el servicio bajo condiciones de precio justo y competitivo, basándose en el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Este mandato a la ARTF se enfoca en resolver el dilema de la coexistencia de trenes de carga y pasajeros, asegurando que el restablecimiento del servicio social no implique una utilización abusiva de las vías por parte de las empresas concesionarias actuales. La instrucción precisa es iniciar de inmediato los estudios necesarios para concretar la nueva regulación.
El marco legal detrás de la nueva tarifa
La administración entrante está movilizando la estructura legal existente para impulsar su plan de trenes de pasajeros, una pieza clave en la estrategia de movilidad nacional. La solicitud a la ARTF se fundamenta específicamente en el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Este artículo concede al gobierno federal la facultad de determinar las tarifas y las condiciones de operación cuando se trata de servicios que están bajo la figura de concesión. Es un punto clave: el objetivo no es imponer subsidios, un aspecto que fue enfatizado en la solicitud. El mecanismo de regulación debe asegurar que la tarifa impuesta sea tanto justa para el usuario como competitiva, lo que obliga a encontrar un equilibrio operativo para las empresas que históricamente han concentrado su negocio en la carga.
La intención declarada es evitar la "discriminación" en el uso de la infraestructura. Las empresas que actualmente operan la infraestructura ferroviaria deberán ofrecer ambos servicios —carga y pasajeros— sin priorizar indebidamente uno sobre el otro. La regulación tarifaria es la herramienta legal elegida para forzar este cambio en el modelo operacional.
Las siete rutas ferroviarias prioritarias para el servicio de pasajeros
La estrategia de reactivación del servicio de pasajeros se concentra en siete corredores principales que conectarán zonas metropolitanas de alta densidad con regiones turísticas y comerciales.
La ARTF deberá considerar las necesidades y costos específicos de estas rutas al establecer las nuevas condiciones regulatorias y tarifas:
- México-Querétaro.
- México-León-Aguascalientes.
- México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo.
- México-Veracruz.
- Corredor Interoceánico.
- Tren Maya.
- Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales.
Advertencia crítica: Tarifa justa, no subsidio
Un matiz clave de esta nueva política es la condición expresa de que la regulación de las tarifas bajo el artículo 10 no debe interpretarse ni aplicarse como la provisión de subsidios. El análisis de la ARTF tiene que generar un esquema donde el precio sea accesible al público, pero que al mismo tiempo sea financieramente sostenible sin requerir inyecciones directas del erario público, diferenciando el concepto de precio justo del de precio subsidiado.
Esto impone un desafío técnico mayor: diseñar una tarifa que rompa con la dinámica histórica de las concesionarias (centradas en maximizar la carga) y que, al mismo tiempo, las obligue a operar el servicio de pasajeros eficientemente. De esta manera se prevendrá la "utilización abusiva de las vías" que podría inhibir o encarecer injustamente el nuevo servicio.
Lista de verificación para la ARTF: Mandato de operación inmediato
Para cumplir con la solicitud de la virtual presidenta electa, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario debe priorizar las siguientes acciones operativas, que definen el esfuerzo técnico y legal requerido para el cambio de modelo:
La petición formal de Sheinbaum marca el inicio de una revisión exhaustiva de un modelo de concesiones ferroviarias que ha priorizado la logística de carga sobre la movilidad social durante décadas. El éxito de esta política dependerá de la capacidad de la ARTF para aplicar el artículo 10 de forma robusta, transformando la infraestructura concesionada en una red de doble propósito sin generar desequilibrios financieros insostenibles. ¿Podrá la regulación reequilibrar la balanza sin desincentivar la inversión privada?
