La Cámara de Diputados ha emitido la declaratoria de validez de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el respaldo de 27 congresos locales, el Poder Legislativo Federal queda facultado formalmente para expedir una Ley General en materia de Feminicidio. Este paso jurídico representa un cambio de paradigma en la arquitectura penal del país, buscando eliminar la dispersión normativa que permitía disparidades críticas en la investigación y sanción de la violencia de género entre las 32 entidades federativas.
Factores de la centralización legislativa en género
La necesidad de esta reforma se sustenta en el fracaso de los códigos penales estatales para enfrentar la crisis de violencia feminicida con criterios unificados.
- Fragmentación Jurídica: Hasta hoy, cada estado poseía su propia definición y penalidad para el feminicidio, lo que generaba "lagunas de impunidad" donde conductas graves en un estado no eran tipificadas con el mismo rigor en otro.
- Protocolos de Investigación: La falta de un estándar nacional de actuación para las fiscalías locales ha resultado en una revictimización sistemática y en la clasificación errónea de feminicidios como homicidios dolosos.
- Presión Internacional: El Estado mexicano responde a recomendaciones de la CEDAW y a la sentencia de la Corte IDH (Campo Algodonero) para armonizar sus leyes y garantizar el acceso a la justicia de forma equitativa.
El cómputo de la soberanía estatal
El proceso legislativo ha mostrado una celeridad inusual, reflejando el consenso político sobre la urgencia del tema. En apenas dos semanas, el Senado y la Cámara de Diputados procesaron la iniciativa, logrando que el 84% de las legislaturas locales —desde Aguascalientes hasta la Ciudad de México y Zacatecas— ratificaran la enmienda. Esta trayectoria evidencia una voluntad política coordinada para federalizar la respuesta ante la violencia contra las mujeres.
El horizonte de los 180 días para la nueva norma
Tras la declaratoria, el expediente ha sido enviado al Senado para concluir su trámite y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez vigente, se activa un cronograma de seis meses (180 días naturales) para que el Congreso de la Unión redacte y apruebe la Ley General.
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Ejes centrales de la futura legislación:
- Protocolo único de investigación: Obligatorio para todas las fiscalías.
- Sanciones estandarizadas: Impide que las fiscalías estatales reduzcan penas o ignoren agravantes de género.
- Transición legal: Mientras se redacta la nueva norma, las leyes locales vigentes se mantendrán operativas para evitar vacíos legales.
Contexto histórico: De Ciudad Juárez a la Ley General de 2026
La problemática del feminicidio en México cobró relevancia internacional en los años 90 con los casos de Ciudad Juárez, evidenciando la incapacidad de las autoridades locales para investigar con perspectiva de género. Históricamente, la resistencia a una ley general provenía del celo por el federalismo y la autonomía estatal en materia penal.
Sin embargo, la realidad de una violencia estructural que no conoce fronteras forzó la evolución desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) hacia esta reforma constitucional de 2026. Este movimiento cierra el ciclo de la "descentralización fallida" y reconoce la protección a la vida de las mujeres como una prioridad de seguridad nacional bajo un mando legal único.
