Las autoridades estatales y federales en Veracruz han mantenido operativos constantes contra negocios que albergan máquinas tragamonedas, las cuales son utilizadas por grupos delictivos organizados para financiar y justificar el cobro de piso. Estos aparatos de apuestas se han convertido en un mecanismo de extorsión forzada hacia pequeños empresarios en la entidad.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, en colaboración con fuerzas federales como la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, ha intensificado las diligencias. Los aseguramientos han escalado en las últimas semanas, buscando cortar la fuente de ingresos ilegal que la delincuencia organizada obtiene a través de la expansión de este sistema de juego clandestino.
Despliegue de fuerzas federales en Veracruz
Los operativos contra los establecimientos dedicados a este giro continúan en diversos municipios. Los reportes más recientes se concentraron en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.
El pasado sábado, al menos dos negocios fueron clausurados por personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). El primer despliegue se registró específicamente en la colonia María Esther Zuno de Echeverría, localizada en el puerto de Veracruz.
La intervención duró no más de 20 minutos. Los uniformados lograron confiscar un mínimo de cuatro máquinas tragamonedas. Como parte del procedimiento, el local fue clausurado y se bloqueó momentáneamente el flujo de tránsito de la calle.
Un segundo operativo se llevó a cabo en una zona cercana, aunque las autoridades no han divulgado información oficial sobre la cantidad precisa de máquinas requisadas en el sitio o si se logró realizar alguna detención de personas en el transcurso de la acción policial.
El patrón de la delincuencia organizada: extorsión y cobro de piso
Lo que realmente importa en estos operativos es el contexto criminal detrás de las máquinas tragamonedas. Las autoridades estatales han sido claras al señalar que la instalación de estos aparatos en algunos establecimientos no es voluntaria; obedece a una presión directa.
La delincuencia organizada obliga a pequeños empresarios a instalar estas máquinas como una forma alternativa de evitar el cobro de piso. Este sistema sirve como una fachada para la extorsión.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz detalló este mecanismo en un comunicado emitido el 3 de febrero, donde explicaba el modus operandi:
> “Un grupo delictivo, cuyo modo de operar se presume, consistía en la expansión y colocación de dichas máquinas en establecimientos comerciales, exigiendo el cobro de derecho de piso a quienes se negaban a permitir su instalación.”
Esto establece que el aparato de juego es, en sí mismo, la herramienta de coerción: o se instalan las máquinas y se comparten las ganancias ilícitas, o se enfrentan las consecuencias del cobro de piso.
Aseguramientos masivos en Xalapa y Coatepec
Los despliegues de este tipo no son exclusivos del puerto de Veracruz. Elementos de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Veracruz han ejecutado acciones similares en otras ciudades del estado, como Xalapa y Coatepec.
En estos municipios, los aseguramientos han sido significativos, ascendiendo a cientos de aparatos de apuestas confiscados. Este volumen confirma que la problemática no es un hecho aislado, sino un patrón extendido de financiamiento criminal.
La acción coordinada de las fuerzas federales y estatales busca desmantelar la red de extorsión que se esconde detrás de la aparente inocuidad de estos juegos clandestinos, atacando una fuente de ingresos que mantiene activa la presión sobre el comercio local.
El desmantelamiento de estas redes de apuestas revela una cruda realidad: cuando el crimen organizado se disfraza de actividad comercial, ¿cuántos negocios más están operando bajo coacción y sin posibilidad de denunciar por miedo a represalias?
