Un Juez de Control vinculó a proceso a dos personas por el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, siniestro que dejó 24 personas muertas y múltiples lesionados. Los imputados enfrentarán cargos graves, aunque continuarán su proceso en libertad bajo estrictas medidas cautelares. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación federal para determinar la responsabilidad de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), añadiendo una dimensión dual a las indagatorias.
Los avances en este complejo caso penal fueron confirmados el 6 de febrero de 2026 por la corresponsal Cristina Gómez Lima.
Avances en el proceso estatal de Sonora (FGJES)
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un Juez de Control emitiera una resolución favorable de vinculación a proceso contra dos de los imputados en relación con el incendio de la tienda Waldo’s. El órgano jurisdiccional consideró que la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes para acreditar la probable participación de estas personas en los hechos.
Durante la continuación de la audiencia, la FGJES estableció que los cargos que enfrentan los imputados son de alto impacto y de naturaleza diversa:
Cargos imputados y medidas cautelares
Los cargos que se les atribuyen incluyen homicidio culposo, aborto imprudencial, lesiones de diversa gravedad, daños e incumplimiento de un deber legal.
A pesar de la vinculación a proceso, el juez determinó que ambos implicados deben continuar su defensa en libertad, siempre y cuando acaten las medidas cautelares previamente impuestas. Estas condiciones son:
- Firma periódica mensual ante la autoridad.
- Entrega de una garantía económica.
- Prohibición explícita de salir del estado de Sonora.
- Restricción para acercarse a las víctimas, a los ofendidos y a los testigos del caso.
El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo que la Fiscalía estatal utilizará para integrar y robustecer los datos de prueba, buscando el esclarecimiento total de los hechos y la definición precisa de las responsabilidades.
La controversia legal por la prescripción
Un aspecto clave de la audiencia fue la situación de una tercera persona imputada. El órgano jurisdiccional resolvió no vincular a proceso a este individuo, al considerar que la acción penal se encontraba prescrita conforme a la penalidad aplicable en ese momento.
La Fiscalía de Sonora expresó de inmediato su desacuerdo con esta determinación. El comunicado de la FGJES sostiene que la penalidad que debe aplicarse es la vigente al momento exacto del siniestro. Esto permitiría un cómputo distinto de los tiempos y mantendría la acción penal vigente. La Fiscalía indicó que interpondrá el recurso de apelación correspondiente para que la determinación sea revisada por la instancia superior.
La investigación paralela de la FGR
De manera simultánea al proceso estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación independiente para analizar posibles responsabilidades de carácter federal en el incendio.
El foco en la Comisión Federal de Electricidad
El delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, confirmó que el Ministerio Público federal recibió el desglose del caso por parte de la Fiscalía estatal, lo que permitió iniciar formalmente las indagatorias.
La investigación federal se centra particularmente en la presunta responsabilidad de personal adscrito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para este fin, el funcionario federal solicitó la intervención de peritos especializados que utilizarán tecnología de alta precisión. El objetivo de estos estudios técnicos es doble: establecer con exactitud el origen del incendio y detectar posibles omisiones o negligencias que pudieron haber ocurrido en la instalación y operación del sistema eléctrico.
Méndez puntualizó que, dado que la investigación de la FGR se encuentra aún en una etapa inicial de análisis, no se divulgarán identidades ni el número de personas que se encuentran bajo investigación federal.
La bifurcación del caso en procesos estatales y federales subraya la complejidad de determinar responsabilidades en tragedias que involucran tanto a particulares como a posibles fallas en la infraestructura pública. La clave del proceso recae ahora en si la apelación de la FGJES revierte la no vinculación del tercer implicado y en los hallazgos técnicos que la FGR obtenga respecto al manejo del sistema eléctrico.
