La reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales está a punto de ser aprobada en el Senado de México, con la clave de su implementación fijada en un esquema progresivo que culminará en 2030. El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmaron que la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un consenso amplio entre los sectores sindicales y empresariales, justificando así la negativa a aplicarla de manera inmediata, tal como exige la oposición.
Tras la reunión que sostuvo Marath Baruch Bolaños con el grupo parlamentario de Morena el 4 de febrero de 2026, se determinó que el mecanismo de implementación gradual, con un lapso de cinco años, es innegociable. Este enfoque escalonado no solo busca proteger la planta productiva nacional, sino que también se alinea con la recomendación del Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El matiz progresivo frente a la exigencia de la oposición
El principal punto de fricción en la discusión de la reforma al Artículo 123 Constitucional reside en la temporalidad de su entrada en vigor. Mientras partidos de oposición como Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) demandan la aplicación inmediata de los dos días de descanso y la reducción de la jornada, el oficialismo defiende la necesidad de la gradualidad.
Bolaños explicó en conferencia de prensa que las reflexiones con los sectores patronales y representantes sindicales llevaron a determinar que la reforma debe ser implementada de forma progresiva. Este lapso permitiría pasar de la jornada actual de 48 horas semanales a la de 40 horas para el año 2030, minimizando el impacto económico.
Proyección legislativa y defensa del mecanismo escalonado
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó la ruta legislativa planeada, la cual busca aprobar la reforma en comisiones el martes siguiente, turnarla de inmediato a la mesa directiva para la primera lectura, y votarla en el pleno un día después. Mier descartó cualquier posibilidad de modificar la iniciativa presidencial para adelantar la entrada en vigor de los dos días de descanso, catalogando las peticiones de la oposición como un asunto diverso que podría "beneficiar a un sector, pero perjudicar a otros".
La heterogeneidad productiva como argumento clave
Mier argumentó que los reclamos de la oposición carecen de sustento, ya que la iniciativa considera la realidad de un sistema productivo "muy heterogéneo y diverso". Para sustentar esta posición, puso ejemplos concretos que obligan a un mecanismo flexible:
- Tiendas departamentales: Sus temporadas altas de ventas (Navidad o días festivos) difieren drásticamente del resto del año.
- Trabajadores de plataformas marítimas: Sus ciclos laborales son específicos.
- Prestadores de servicios turísticos: Su operación está sujeta a demandas estacionales.
El senador destacó que esta flexibilidad fue clave para lograr el consenso con todos los organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las organizaciones de los trabajadores. El objetivo primordial de la gradualidad es triple: preservar los derechos adquiridos, evitar la regresión de cualquier derecho, mejorar el ingreso y favorecer la jornada de 40 horas.
Beneficiarios directos y el margen de flexibilidad
La reforma de la jornada laboral impactará directamente a millones de personas. Mier precisó que, de los más de 23 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mitad ya disfruta de una jornada de 40 horas. Por lo tanto, 13 millones y medio de trabajadores serán los beneficiarios directos de esta iniciativa.
El titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños, reafirmó que el logro fundamental de la reforma es dejar asentada a nivel constitucional la semana laboral de 40 horas, fijada en ocho horas de trabajo diarias. Además de la reducción, la iniciativa busca una "cierta flexibilidad a favor de los trabajadores", permitiendo que sean las propias personas trabajadoras, en acuerdo con sus empleadores, quienes definan el cómo se ajustará su jornada laboral.
Según Bolaños, la iniciativa tiene un amplio respaldo y se espera que los beneficios de la reducción de trabajo—devolverles tiempo a los trabajadores para que dispongan de él según su conveniencia—se constaten "muy prontamente", a pesar del calendario de implementación escalonado. La votación de esta reforma, la primera disminución de la jornada laboral en más de un siglo, marca un precedente histórico en México.
