La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó formalmente a Grupo México el cumplimiento de sus obligaciones financieras tras el derrame de metales pesados en el río Sonora. El Ejecutivo Federal señaló que, tras una década del siniestro, la remediación económica y ambiental sigue incompleta, afectando la salud y el patrimonio de miles de familias sonorenses.
El ultimátum a Germán Larrea
La administración actual ha endurecido su postura frente a la minera propiedad de Germán Larrea. Sheinbaum enfatizó que no habrá más prórrogas para la liquidación de los adeudos pendientes, los cuales forman parte de los compromisos de reparación del daño estipulados tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico ocurrido en 2014.
La mandataria subrayó que la justicia ambiental es una prioridad de su gestión. Esta exigencia no solo busca el cierre financiero del fideicomiso, sino la garantía de que los sistemas de salud y monitoreo de agua en la región funcionen de manera permanente para los habitantes de los siete municipios afectados.
Balance de la deuda y afectaciones
A pesar de los intentos previos de la empresa por declarar el caso como cerrado, los peritajes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirman que la contaminación persiste.
Implicaciones para el sector minero
Esta acción marca un precedente en la relación del Gobierno de México con las industrias extractivas. La postura de Sheinbaum sugiere una vigilancia más estricta sobre las concesiones vigentes y la responsabilidad civil de las corporaciones. El mensaje es claro: la rentabilidad empresarial no puede estar por encima de la seguridad hídrica del país.
¿Logrará la presión del Estado que uno de los hombres más ricos de México ceda ante una deuda histórica que ha marcado a Sonora por más de diez años?
