El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha formalizado una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales. Se les señala de conspirar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos", para facilitar la importación de narcóticos a territorio estadounidense a cambio de sobornos y respaldo político.
Acusación directa: el pacto entre el poder estatal y "Los Chapitos"
La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, sostiene que la estructura de gobierno en Sinaloa fue utilizada para proteger las operaciones criminales de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según el pliego acusatorio, la relación entre el mandatario y la organización delictiva se consolidó desde su campaña electoral.
- Coerción electoral: Se alega que "Los Chapitos" asistieron en la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus adversarios políticos.
- Protección oficial: Tras asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, el gobernador habría sostenido reuniones con líderes del cártel para garantizar la inmunidad de sus actividades de tráfico hacia el norte.
- Red de sobornos: La acusación detalla un sistema de pagos periódicos a cambio de impunidad operativa y filtración de información confidencial.
Estructura de la red: funcionarios e implicados clave
La investigación identifica a un grupo compacto de funcionarios de alto rango que presuntamente operaban bajo las órdenes de la organización criminal. Entre los imputados destacan figuras centrales de la administración estatal actual y exjefes de las fuerzas de seguridad.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, señalado por su vinculación directa en la trama de protección.
- Enrique Inzunza Cazárez: Senador y exsecretario General de Gobierno.
- Dámaso Castro Zaávedra: Subprocurador de la Fiscalía Estatal, acusado de recibir 11,000 dólares mensuales para bloquear arrestos de miembros del cártel y delatar operativos conjuntos con Estados Unidos.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad.
El caso adquiere una dimensión de extrema gravedad con la inclusión de Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de la Policía Municipal. Millán enfrenta cargos por el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023, por lo que es el único acusado cuya pena mínima obligatoria es la cadena perpetua.
Repercusiones y estatus judicial de los acusados
La lista de imputados se completa con mandos policiales como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y exjefes de la Policía Investigadora. Excepto por el caso de Valenzuela Millán, los acusados enfrentan penas que oscilan entre los 40 años de prisión y la cadena perpetua.
Actualmente, se presume que los diez señalados residen en México, lo que abre un periodo de alta tensión diplomática respecto a las posibles solicitudes de extradición. Este expediente se integra a una ofensiva judicial más amplia en Nueva York, que desde 2023 ha sumado más de 30 imputados vinculados a la estructura del Cártel de Sinaloa, reafirmando la política de "tolerancia cero" de la administración estadounidense hacia la narcopolítica transnacional.



