La reforma constitucional que busca establecer la semana laboral de 40 horas en México dio un paso clave en el Senado, al ser aprobada por unanimidad en comisiones y quedar lista para su votación en el pleno. Este avance, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbnaum, sorprendió al conseguir 48 votos a favor y cero en contra, incluso con el aval de partidos de oposición que habían manifestado reservas en días anteriores.
Sin embargo, el aparente consenso esconde una preocupación técnica de alto impacto para los trabajadores de salario mínimo: el potencial aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a un cambio en el régimen de pago de horas extras, un detalle que exige la modificación inmediata de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Es este choque entre el beneficio social y el efecto fiscal lo que domina el debate actual.
El consenso inesperado y el dictamen en el Senado
La iniciativa para reducir la jornada laboral fue aprobada por unanimidad en las comisiones del Senado y quedó en primera lectura para ser votada en el pleno. Pese a las críticas expresadas en días previos, la oposición avaló la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbnaum, logrando 48 votos a favor y cero en contra.
La iniciativa fue dictaminada por tres órganos de trabajo: las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo.
Previo a la votación, los integrantes de las tres comisiones se reunieron con Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El funcionario insistió en que la propuesta es producto de un amplio consenso, en el que participaron tanto representantes de los trabajadores como de los patrones.
Bolaños aclaró que la reforma sí garantizará dos días de descanso para los empleados, ya que la jornada se reducirá a cinco días por semana. Subrayó que los beneficios de esta medida serán muy amplios, tal como está demostrado en países que ya redujeron la jornada de trabajo, mejorando así la calidad de vida del sector laboral.
El único ajuste en el lenguaje incluyente
La reunión de comisiones duró poco más de dos horas. El único ajuste que se aprobó en el dictamen provino de la senadora Malú Mícher, de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Su propuesta fue sencilla, pero significativa: agregar el término “personas jóvenes” en lugar de solo “jóvenes”, sumando al texto lenguaje incluyente.
El lado oculto de la reforma: la polémica de las horas extras y el ISR
Aunque avalaron la enmienda, senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) insistieron en que es obligatorio modificar de inmediato la Ley Federal del Trabajo (LFT), una vez que la reforma sea promulgada —después de pasar por la Cámara de Diputados y los congresos locales—.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya; las priístas Claudia Anaya y Carolina Viggiano, junto con Alejandra Barrales, de MC, señalaron que las adecuaciones a la LFT deben ser inmediatas. Argumentaron que no se debe esperar a que venza el plazo de 90 días que la reforma da al Congreso para realizar los ajustes, ya que puede haber afectaciones directas a los trabajadores, especialmente por el nuevo régimen de horas extras.
El impacto en los trabajadores de salario mínimo
La senadora Claudia Anaya (PRI) destacó el punto más técnico y sensible de la discusión: el impacto fiscal.
- Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que nueve horas extras están exentas de gravámenes para los trabajadores que perciben el salario mínimo.
- Al reducir la jornada constitucional, el nuevo límite de horas extras se elevaría de nueve a 12.
- Este cambio automáticamente provoca un aumento al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- También se vería afectado el reparto de utilidades.
La priísta propuso adicionar un transitorio al artículo 123 constitucional para precisar un régimen gradual en el caso del incremento de las horas extras, con el fin de proteger el ingreso de los trabajadores de menores salarios.
El senador Gonzalo Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), se unió a la preocupación sobre las horas extras y el potencial aumento del ISR. Además, se quejó de que no se tomaran en cuenta las iniciativas que legisladores de su partido habían presentado sobre la jornada laboral desde 2023.
El avance de la reforma de 40 horas en el Senado demostró que el acuerdo político es posible incluso en temas que polarizan, pero también puso en el centro del debate que el verdadero desafío no está en reducir la jornada, sino en garantizar que los cambios fiscales y laborales derivados no castiguen el bolsillo del trabajador. La presión ahora se centra en la Cámara de Diputados y en la necesidad imperiosa de revisar la Ley Federal del Trabajo, para evitar que un beneficio social se convierta en una carga impositiva.
