La facción de Morena en el Congreso de Campeche sufrió una ruptura significativa el 3 de febrero de 2026, cuando 10 de 16 legisladores de la bancada disintieron de la gobernadora Layda Sansores. El detonante fue la acusación de persecución política contra los diputados que se opusieron a un endeudamiento público de mil millones de pesos para la Ley de Ingresos 2026. Para blindarse legalmente de posibles órdenes de aprehensión, el bloque disidente restauró el fuero constitucional, una figura abrogada en 2016.
Este movimiento no solo evidenció la división interna, sino que también generó una crisis constitucional inmediata, ya que siete presidentes municipales de Morena se pronunciaron públicamente contra la reinstalación del fuero, catalogándolo como un privilegio que atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas.
La deuda de mil millones de pesos: el origen de la ruptura
El conflicto escaló a mediados de diciembre pasado, cuando la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos 2026 incluyó la contratación de deuda pública por mil millones de pesos. El líder parlamentario, José Antonio Jiménez, anunció entonces que el grupo analizaría la propuesta a fondo, buscando alternativas para evitar endeudar al pueblo de Campeche.
Esta postura contrarió directamente a Layda Sansores, quien interpretó las acciones de Jiménez como una traición a la confianza depositada en él. Jiménez había asumido el cargo en noviembre de 2023, tras la destitución de su predecesor, Alejandro Gómez, quien murió posteriormente mientras padecía una enfermedad terminal y también había tenido diferencias con la mandataria.
A pesar de que el Congreso finalmente autorizó la contratación de la deuda, el grupo disidente impuso candados a la forma en que se ejercerían esos recursos, lo que no logró sanar las diferencias con la gobernadora. El presidente estatal de Morena, Érick Reyes, calificó públicamente a Jiménez Gutiérrez de traidor y lo señaló como el causante de la división de la bancada.
La fractura se confirmó con el voto del sábado anterior, cuando los diputados morenistas leales a Sansores se aliaron con las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), PRI, PAN, PT y PVEM para imponer a Paul Arce (diputado emecista) como presidente de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones. Jiménez y sus nueve afines votaron en contra.
La reinstalación del fuero y el cerco ministerial
La tensión alcanzó su punto máximo el domingo, tras la sesión de instalación de la 65 Legislatura, cuando el Palacio Legislativo fue cercado por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque la FGE negó en un comunicado que el objetivo fuera aprehender a legisladores, se afirmó que existían órdenes de detención contra al menos dos diputados, incluyendo al propio José Antonio Jiménez.
Ante el riesgo, Jiménez se atrincheró en sus oficinas, donde pernoctó junto a otros legisladores de su grupo. En medio de esta situación, el líder parlamentario denunció la persecución política, declarando que "la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones" y que "resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón".
Ayer [lunes, 2 de febrero de 2026], el bloque disidente, en una sesión reservada, aprobó reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional, el cual había sido eliminado en 2016 durante el gobierno del priista Alejandro Moreno. Ningún diputado quiso confirmar la aprobación de la reforma, alegando que la ley les prohíbe hablar de temas tratados en sesiones reservadas.
Durante el encierro, el grupo de 10 diputados liderados por Jiménez sesionó para destituir a los vicecoordinadores parlamentarios Jorge Pérez y Verónica Roca (leales a la gobernadora), nombrando en su lugar a Omar Talango e Ismael López. Finalmente, Jiménez abandonó el Congreso escoltado por diputados de su fracción.
Advertencias de seguridad legal: ¿Quién obtiene protección?
La restauración del fuero legislativo, que requiere la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor (o puede ser vetada por la gobernadora Sansores), ofrece un blindaje inmediato que evita la detención sin el previo procedimiento de desafuero.
Esta acción legal beneficia directamente a por lo menos tres figuras clave en el conflicto:
- José Antonio Jiménez: Es investigado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción por presunto desvío de recursos. Aunque no se ha informado el monto exacto, esta investigación es la causa aparente de la vigilancia permanente al palacio legislativo.
- Paul Alfredo Arce (MC): El actual presidente de la mesa directiva fue vinculado a proceso por un juez federal por supuestos desvíos cometidos en 2021, cuando fue presidente municipal de Campeche. Al parecer, existe una orden de aprehensión liberada en su contra, pero no ejecutada.
- Gaspar Nah (Morena): Enfrenta denuncias penales de su ex esposa e hijos por presunto incumplimiento en el pago de pensiones. Luego de aliarse con el grupo de Jiménez, se reactivaron las carpetas de investigación en su contra.
La postura nacional: El rechazo de los alcaldes y la petición de Sheinbaum
El restablecimiento del fuero constitucional generó una condena inmediata por parte de siete presidentes municipales de Morena en Campeche, quienes firmaron un desplegado exigiendo claridad pública sobre el tema, tratado en una sesión reservada.
Los alcaldes de Carmen (Pablo Gutiérrez Lazarus), Champotón (Claudeth Sarricolea Castillejo), Seybaplaya (Magdalena del Socorro Jiménez Pacheco), Tenabo (Mariela Sánchez Espinoza), Escárcega (Juan Carlos Hernández Rath), Calakmul (Guadalupe Acevedo Rodríguez) y Candelaria (Jaime Muñóz Morfín) argumentaron: "El fuero no debe ser un privilegio ni un blindaje político. Su reinstalación debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y alimenta la percepción de impunidad".
Los ediles recordaron que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han impulsado la eliminación del fuero para servidores públicos, buscando que respondan ante la justicia como cualquier ciudadano. Sheinbaum, por su parte, pidió "serenidad y paciencia, paz y amor" a todos los actores en Campeche durante su conferencia matutina.
La restauración del fuero, justificada como una defensa ante la persecución, choca frontalmente con la filosofía de austeridad republicana y el combate a los privilegios que enarbola la cúpula nacional de Morena. El dilema en Campeche trasciende la disputa local: ¿La necesidad de autoprotección política anulará los principios de transparencia judicial pregonados por la Cuarta Transformación?
