El Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) reconoció el compromiso político de México para combatir este delito y los avances legislativos clave logrados, incluyendo la Ley General para la Prevención de la Tortura de 2017. Sin embargo, tras su tercera visita de enero de 2026, el organismo manifestó que persisten serias brechas entre el marco jurídico y su instrumentación, identificando como preocupación principal las condiciones y prácticas coercitivas observadas en centros de tratamiento de adicciones que operan sin una regulación adecuada.
Los hallazgos del Subcomité, que regresó al país después de una década de su segunda visita en 2016, apuntan a un escenario donde la voluntad política no se traduce por completo en medidas preventivas efectivas. Es en la falta de implementación y en la lucha contra la impunidad donde radican los mayores desafíos, especialmente en lo referente a la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura.
Reconocimiento de avances legislativos y fortalecimiento institucional
La delegación del Subcomité, que estuvo en México del 25 al 30 de enero de 2026, reconoció de forma explícita el esfuerzo del Estado mexicano en la creación de un marco normativo sólido.
Entre los avances destacados por la ONU se encuentran:
- La adopción de la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017.
- La Ley General de Salud en 2023, que también aporta medidas clave.
- El establecimiento de fiscalías especializadas dedicadas a investigar actos de tortura.
- El fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), dotándolo de un marco jurídico y recursos que el Subcomité considera adecuados.
Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación, señaló que si bien el Mecanismo Nacional de Prevención desarrolla una "labor relevante en la prevención de la tortura y otros malos tratos" y es "sólido y profesional", la implementación de medidas de prevención sigue siendo la tarea pendiente.
La alerta roja de la ONU: Centros de adicciones y coerción
La principal preocupación planteada por los expertos del Subcomité se centra en la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones.
“Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado”, citaron los expertos.
El comunicado de la ONU describió las condiciones en estos lugares como "preocupantes", señalando la existencia de prácticas coercitivas que suponen un grave riesgo de malos tratos para los internos. Abordar este panorama "requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado", según Comas-Mata.
Inconsistencias entre la norma y la realidad
El Subcomité detectó una clara disociación entre lo que dicta la ley y lo que sucede en la práctica. Durante la misión, se visitaron diversos centros, incluyendo cárceles para hombres y mujeres, comisarías, hospitales psiquiátricos y los mencionados centros de adicciones, donde se realizaron entrevistas confidenciales con detenidos y personal.
Un hallazgo particularmente crítico fue la persistencia de la institucionalización involuntaria, a pesar de que la legislación nacional la prohíbe de manera expresa. La delegación afirmó que "esta no fue la realidad que pudieron observar".
Lista de advertencias prioritarias para el Estado mexicano
La delegación, que incluyó a Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania), no solo identificó los problemas, sino que también emitió recomendaciones claras para garantizar la plena instrumentación del marco jurídico y operativo:
El Subcomité presentará un informe confidencial detallando sus conclusiones y recomendaciones al gobierno federal. Alentaron a México a dar publicidad a este informe y a colaborar de manera constructiva en la puesta en marcha de las medidas sugeridas.
La colaboración brindada por el Estado parte durante la etapa previa y la visita fue positivamente valorada por la delegación, aunque la exigencia de resultados concretos en la implementación sigue siendo el punto de inflexión. El compromiso demostrado en el papel debe reflejarse ahora en la realidad de los detenidos y de las personas sujetas a institucionalización.
