La administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo formalizó la integración de un comité interdisciplinario de alto nivel para analizar la viabilidad técnica y ambiental de la fracturación hidráulica (fracking) en México. El objetivo central es determinar si el uso de componentes biodegradables y sistemas de bajo impacto hídrico permite explotar yacimientos no convencionales de gas, con el fin de reducir la dependencia energética actual, que obliga al país a importar el 75% del combustible consumido desde Estados Unidos.
Estructura del comité científico y rigor metodológico
La toma de decisiones sobre la política energética nacional se fundamentará en el conocimiento científico y no en criterios unilaterales de la presidencia. Para ello, el grupo de expertos está integrado por representantes de las principales instituciones académicas del país y especialistas en diversas ramas técnicas:
- Instituciones participantes: UNAM, IPN, UAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de centros públicos de investigación.
- Perfiles de los especialistas: Académicos en geología, ingeniería petrolera, tratamiento de aguas, expertos en cambio climático y emisiones de metano.
- Plazo de evaluación: El comité entregará una primera orientación técnica en un periodo de dos meses para definir la factibilidad de las nuevas técnicas.
Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, subrayó que la complejidad de los yacimientos no convencionales exige una visión multidisciplinaria que garantice la seguridad hídrica y la salud de los ecosistemas mediante el uso de fluidos de perforación biodegradables.
Soberanía energética frente a dependencia externa
La revisión de la postura histórica sobre el fracking responde a una necesidad estratégica de soberanía nacional. El Gobierno Federal identifica que la dependencia de gas proveniente del exterior limita la autonomía de México. Un punto focal del análisis será la cuenca compartida con Coahuila, donde empresas estadounidenses ya realizan extracciones en el lado fronterizo, sin que se tenga certeza sobre el volumen de recursos que se están drenando del subsuelo mexicano.
Pese a este enfoque, se aclaró que el país no apuesta exclusivamente por los hidrocarburos; el desarrollo de tecnologías verdes y fuentes renovables continúa siendo una prioridad. La intención es evitar el cierre de puertas a opciones tecnológicas que, bajo estrictos estándares científicos, podrían fortalecer el futuro energético del país sin comprometer la integridad ambiental.
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Protocolo de consulta y protección comunitaria
La factibilidad técnica de la explotación de gas no convencional será solo la primera fase del proceso. La presidenta enfatizó que no se ejecutará ninguna acción que contravenga la voluntad de las poblaciones locales. El protocolo de implementación se regirá por los siguientes ejes:
- Identificación técnica: Localización de zonas viables con menores impactos ambientales.
- Transparencia informativa: Explicación detallada a las comunidades sobre los impactos y beneficios específicos.
- Consulta social: Realización de ejercicios colectivos para obtener el consenso de la población.
El gobierno reiteró que la esencia de esta administración prohíbe pasar por encima de las comunidades, asegurando que cualquier proyecto de explotación será el resultado de una decisión colectiva informada, fundamentada en el rigor científico de la academia pública mexicana.
