Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, concretó un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para liquidar $32,132,897,658 pesos en adeudos fiscales arrastrados desde hace más de dos décadas. Este monto, resultante de un ajuste permitido por el Código Fiscal de la Federación a la deuda original de $51 mil millones de pesos, se cubrirá mediante un esquema de 18 pagos mensuales. De esta cantidad, $10,400,630,537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación, marcando el inicio de la conclusión definitiva de los litigios tributarios.
Esta resolución se produce tras un largo proceso judicial que culminó con determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2025. Aunque el grupo empresarial afirma estar en "profundo desacuerdo" con las resoluciones y alega una "sistemática campaña" en su contra, la decisión de realizar el pago se tomó para "dar vuelta a esta página" y enfocarse en la operación de sus empresas, que generan sustento para más de 200 mil familias.
El desglose exacto del acuerdo de pago
El monto total acordado para saldar las obligaciones fiscales asciende a $32,132,897,658 pesos. Este pago se realiza conforme a los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que la deuda se liquidará bajo el siguiente esquema:
El director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, había explicado previamente que, tras la determinación de la SCJN, el adeudo inicial ascendía a $51 mil millones de pesos. Sin embargo, los contribuyentes tienen derecho a solicitar un ajuste a la baja de hasta el 39% sobre el monto total, conforme a la ley y las sentencias de los tribunales, beneficio al que Grupo Salinas accedió.
Fin del litigio: el retiro del último amparo de Totalplay
Como acción paralela al acuerdo principal de pago, Ricardo Salinas Pliego se desistió del último recurso legal que mantenía activo en la SCJN. Este amparo había sido promovido a través de su empresa Totalplay y estaba dirigido contra un crédito fiscal superior a $645 millones de pesos ($645,763,797.87 pesos, específicamente).
Este recurso, el amparo directo en revisión 2526/2025, representaba el último litigio fiscal pendiente en el alto tribunal. El desistimiento fue anunciado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien calificó el compromiso de pago de Grupo Salinas como un "triunfo histórico del Estado de derecho y un mensaje muy alentador sobre la igualdad en el cumplimiento de obligaciones".
Contexto del amparo de Totalplay
El conflicto de Totalplay se originó en 2017 por un crédito fiscal determinado por el SAT. En marzo de 2024, una resolución de la SCJN ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconocer como deducibles comisiones pagadas a distribuidores por $621,960,096.63 pesos. Posteriormente, Totalplay promovió un segundo amparo contra la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCyA), recurso que fue negado por el Sexto Tribunal Colegiado, lo que llevó a la revisión admitida por la entonces ministra presidenta Norma Piña. El retiro de este recurso concluye formalmente toda la batalla legal en la máxima instancia.
La postura de Grupo Salinas: "No por convicción, sino para dar vuelta a la página"
En un comunicado firmado por Luciano Pascoe Rippey, director general de Noticias y Comunicación de Grupo Salinas, la empresa reiteró su desacuerdo con las resoluciones, aunque confirmó el compromiso de pago. El grupo enfatizó que, en los últimos 20 años, sus empresas han cumplido con el pago de más de $300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales.
El grupo fue categórico al señalar que el pago, que trasciende los acuerdos originales de 2024, se hace "a pesar de estar en profundo desacuerdo" y "no por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra". Afirmaron que, con la conclusión de este pago, "no debemos nada al gobierno por ningún concepto".
Ricardo Salinas Pliego había acudido previamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exponiendo que era víctima de una "persecución política, judicial y administrativa coordinada". La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, negó cualquier persecución y señaló que el caso es exclusivamente "legal, jurídico, administrativo" y un "requerimiento del SAT".
La cronología del adeudo y las resoluciones judiciales
El litigio fiscal que ahora concluye se extiende por más de una década, con origen en determinaciones administrativas del SAT que iniciaron en 2013.
Hitos clave del conflicto fiscal
- Origen (2013): El SAT determina adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empresas de Grupo Salinas (incluyendo Elektra y TV Azteca) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, al considerar improcedentes las pérdidas fiscales utilizadas.
- Confirmación Administrativa (2019-2023): El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirma las resoluciones del SAT en distintos periodos.
- Impugnación Superior (2024-2025): Las empresas acuden al Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados niegan el amparo.
- Resolución de la SCJN (Noviembre 2025): El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha por unanimidad siete de los nueve amparos interpuestos, ordenando el pago de más de $50 mil millones de pesos. Una segunda resolución sumó otro adeudo de $67 millones de pesos a Nueva Elektra del Milenio.
- Plazo y Acuerdo (Enero 2026): El 23 de enero de 2026 concluyó el plazo legal para acceder al descuento. El 26 de enero, la presidenta Sheinbaum informó de la intención formal de Grupo Salinas de cubrir los adeudos, y el 29 de enero se concretó el primer pago bajo el nuevo esquema.
La conclusión de este largo y complejo litigio marca un precedente significativo respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de grandes contribuyentes, reforzando la aplicación del Artículo 31, Fracción IV de la Constitución, que establece la obligación de todos de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. Si bien Grupo Salinas argumenta motivaciones externas al cumplimiento fiscal, el resultado final representa una victoria para la autoridad tributaria y el Estado mexicano.
