Panamá ha tomado el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, estratégicamente ubicados en las entradas del Canal, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión operada por la hongkonesa CK Hutchison Holdings. Esta acción marca un hito en la gestión de infraestructuras críticas del país.
La anulación de la concesión y el decreto de ocupación
El gobierno panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ejecutó el lunes 23 de febrero de 2026 un decreto que ordena la ocupación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Esta medida se fundamenta en una sentencia final de la Corte Suprema de Justicia, emitida en enero de 2026, que declaró inconstitucional el contrato de concesión que mantenía la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings. La resolución judicial también invalidó una extensión de contrato otorgada en 2021, dejando sin base legal las operaciones portuarias de la compañía.
El decreto de ocupación invoca "razones de urgente interés social" para justificar la intervención estatal. La toma de control abarca la totalidad de los bienes muebles dentro y fuera de las terminales, incluyendo grúas, vehículos, sistemas informáticos y software, asegurando así la continuidad operativa. Las pruebas revelan que PPC había operado estas terminales desde 1997, gestionando los puertos en ambas entradas del Canal de Panamá durante casi tres décadas.
Fundamentos de la decisión judicial y presuntas irregularidades
La Corte Suprema de Justicia panameña dictaminó la inconstitucionalidad del contrato de concesión citando diversas irregularidades. Entre ellas, se mencionan disposiciones que otorgaban privilegios excesivos y exenciones fiscales a la operadora en detrimento del Estado. Se observa en el sector que el acuerdo original no cumplía con los requisitos constitucionales de transparencia y licitación competitiva. Adicionalmente, una auditoría previa había revelado supuestas anomalías, como el impago de tasas y la existencia de subconcesiones no autorizadas. Estos hallazgos fueron cruciales para la decisión judicial, que es final e inapelable tras su publicación en la gaceta oficial.
El periodo de transición y los nuevos operadores temporales
La Autoridad Marítima de Panamá ha anunciado un periodo de transición de 18 meses para la gestión de los puertos. Durante esta fase, las terminales serán operadas temporalmente por dos de los principales actores logísticos a nivel mundial. El puerto de Balboa quedará bajo la administración de APM Terminals, una subsidiaria del grupo danés A.P. Moller-Maersk, mientras que el puerto de Cristóbal será gestionado por Terminal Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante logístico MSC. APM Terminals ya había manifestado su disposición a asumir la operación temporal de las instalaciones.
El director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, Max Flórez, ha asegurado la continuidad de las operaciones portuarias y la estabilidad laboral para los aproximadamente 1,200 empleados de ambas terminales. La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, ha garantizado que no habrá despidos, buscando mitigar el impacto social de esta transición. Al finalizar el periodo de 18 meses, se espera la adjudicación de nuevos contratos mediante una licitación internacional, con el objetivo de establecer operadores a largo plazo.
La respuesta de CK Hutchison y el contexto geopolítico
CK Hutchison Holdings ha reaccionado a la decisión panameña iniciando un proceso de arbitraje internacional contra Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC). La compañía hongkonesa alega un incumplimiento de contrato por parte de Panamá y buscará "daños y perjuicios extensos". Previamente, Hutchison había advertido sobre posibles acciones legales y había solicitado negociaciones con el gobierno panameño para evitar interrupciones en las operaciones.
Este evento se enmarca en una dinámica geopolítica más amplia, caracterizada por la rivalidad entre Estados Unidos y China por la influencia en rutas comerciales estratégicas. Se ha observado que la administración del expresidente estadounidense Donald Trump había expresado preocupación por la influencia china en el Canal de Panamá. Un intento anterior de CK Hutchison de vender los puertos a un consorcio que incluía a la firma de inversión estadounidense BlackRock fue, según informes, detenido por el gobierno chino. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, ha acogido con satisfacción la decisión panameña, señalando que los operadores anteriores "no estaban haciendo un buen trabajo". Por su parte, el gobierno chino ha criticado la sentencia judicial, calificándola de "infundada, irrazonable y absurda", y ha advertido a Panamá sobre un posible "alto precio" político y económico. Panamá, sin embargo, ha reafirmado su soberanía y el derecho de su sistema judicial a tomar sus propias decisiones, negando cualquier control chino sobre la vía interoceánica.
