El 27 de febrero de 2026, Moody’s Ratings emitió un reporte especial que advierte sobre cómo la persistente inseguridad y la violencia criminal en México actúan como un freno estructural para el crecimiento económico, añadiendo una presión negativa significativa al perfil crediticio del país.
Cómo la inseguridad eleva los costos operativos y frena el nearshoring en México
El análisis de Moody’s subraya que el entorno de inseguridad deteriora de manera crítica el ambiente operativo y eleva los costos para el sector privado, impactando directamente la competitividad y la rentabilidad. Se observa que la violencia incrementa el gasto de las empresas en seguridad privada y logística, lo cual se suma a las pérdidas directas generadas por la extorsión y el robo de mercancías. Esta dinámica crea un "impuesto indirecto" sobre la actividad económica, desviando recursos que de otro modo se destinarían a la inversión productiva o la innovación.
En el contexto de la relocalización de empresas, conocida como nearshoring, Moody’s advierte que, a pesar de la oportunidad histórica que México presenta, la violencia en corredores estratégicos del norte y occidente del país podría desincentivar nuevas inversiones de largo plazo. La trayectoria de la industria indica que la estabilidad y la previsibilidad son factores determinantes para la atracción de capital extranjero, y la percepción de riesgo en estas zonas clave compromete la materialización de este potencial.
La evidencia técnica revela que la presencia de economías ilícitas y el financiamiento irregular debilitan las instituciones locales. Este fenómeno complica la implementación de políticas públicas efectivas, erosionando la capacidad del Estado para garantizar un entorno de negocios seguro y predecible. La debilidad institucional, a su vez, perpetúa el ciclo de inseguridad, creando un desafío estructural que requiere una intervención coordinada y robusta.
Qué implicaciones tiene la violencia en la calificación Baa2 de México y el T-MEC
México mantiene actualmente una calificación de Baa2 con Perspectiva Negativa por parte de Moody’s, y los enfrentamientos recientes influyen directamente en este perfil. Se ha constatado que un repunte sostenido de la violencia podría obligar al gobierno a desviar recursos de inversión hacia el gasto corriente en seguridad. Esta reasignación de fondos dificulta la consolidación fiscal necesaria para reducir el déficit, el cual se proyecta hacia el 3% del PIB, impactando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La agencia estima que la inseguridad resta entre 0.5% y 1.0% al crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB). Esta reducción en el crecimiento de largo plazo limita la capacidad de recaudación del Estado, lo que a su vez restringe la inversión en infraestructura, educación y salud, comprometiendo el desarrollo socioeconómico del país. La trayectoria de crecimiento se ve, por tanto, mermada por un factor exógeno que exige una respuesta estratégica.
Un caso de uso crítico para la seguridad es su relación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Moody’s señala que la seguridad será un tema central en la revisión del tratado comercial en 2026. Cualquier percepción de descontrol o incapacidad para garantizar la seguridad en las cadenas de suministro y los entornos operativos podría tensar las negociaciones con Estados Unidos, afectando la relación comercial bilateral y la confianza de los inversionistas.
Factores de riesgo crediticio 2026
Los factores de riesgo crediticio para 2026 se ven exacerbados por la dinámica de la inseguridad. La persistencia de la violencia criminal, la presión fiscal derivada del gasto en seguridad y la potencial afectación al crecimiento del PIB son elementos que los analistas de riesgo monitorean de cerca. La interacción de estos factores configura un escenario de mayor incertidumbre para la calificación soberana del país.
La caída de líderes criminales: ¿riesgo de fragmentación o ventana de oportunidad para México?
El reporte de Moody’s coincide con el análisis del impacto tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido días atrás. Se observa con cautela la posibilidad de que la caída de un líder de alto perfil genere una fragmentación de células criminales. La experiencia histórica en la industria de la seguridad indica que este "efecto cucaracha" tradicionalmente deriva en más enfrentamientos locales por el control de territorios, intensificando la violencia a nivel subnacional.
No obstante, se señala que si el gobierno logra consolidar el control territorial tras este golpe estratégico, el efecto sobre la calidad crediticia podría volverse positivo a mediano plazo. La mejora en el clima de negocios, derivada de una mayor estabilidad y seguridad, incentivaría la inversión y el crecimiento económico, lo que se traduciría en una perspectiva más favorable para la calificación soberana.
Estrategias avanzadas para mitigar el riesgo crediticio y fomentar la inversión en México
Para el Gobierno, Moody’s sugiere que una estrategia de seguridad coordinada con el sector privado y una mayor transparencia institucional son fundamentales para estabilizar la perspectiva de la calificación. La implementación de soluciones avanzadas implica no solo la acción coercitiva, sino también la construcción de capacidades institucionales y la promoción de la legalidad en todos los niveles.
Para el inversionista, se recomienda monitorear los índices de criminalidad en estados con alta actividad de nearshoring, como Nuevo León, Chihuahua y Jalisco. Estos estados servirán como termómetros reales del riesgo crediticio en los próximos meses, ya que la seguridad en estas regiones es directamente proporcional a la viabilidad y el atractivo de las inversiones. Las pruebas realizadas demuestran que los avances duraderos en seguridad tendrían un efecto positivo inmediato sobre la calidad crediticia al reducir los "impuestos indirectos" que el crimen impone a la economía.
