PUNTOS CLAVE
- Comerciantes y hoteleros de Tulum señalan a Emigdio Morales Mézquita, encargado de la DPRIS estatal, de encabezar una red de inspectores que exige pagos periódicos para evitar clausuras.
- Las mordidas denunciadas van de 20 mil a 50 mil pesos, incluyen inspecciones amañadas con pruebas alteradas de calidad de agua y afectan a hoteles, restaurantes y comercios turísticos.
- Los escándalos se suman a la renuncia del tesorero municipal detenido con armas, la separación del jefe policial por abusos en Punta Allen y una caída del 33.1% en visitantes a la zona arqueológica.
La extorsión a comerciantes en Tulum tiene rostro y nombre, según empresarios del sector turístico: Emigdio Morales Mézquita, encargado de la ventanilla de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) en el municipio, es señalado por presuntamente coordinar una red de inspectores que exige pagos a cambio de no clausurar establecimientos. Los testimonios fueron recabados por MILENIO y hasta ahora no existe resolución judicial ni sanción administrativa firme en su contra.
El regidor Eugenio Barbachano, presidente de la Comisión Anticorrupción del Cabildo de Tulum, reconoció que durante los últimos cinco años el municipio ha recibido quejas recurrentes de hoteles, restaurantes y comercios por presuntas extorsiones de inspectores sanitarios, y llamó a las víctimas a presentar denuncias formales con pruebas que permitan investigar los hechos.
¿Quién es Emigdio Morales y qué se le acusa en Tulum?
Emigdio Morales Mézquita aparece en documentos oficiales del Gobierno de Quintana Roo desde 2023 como encargado de la ventanilla de la DPRIS en Tulum, dependencia estatal responsable de la vigilancia sanitaria en establecimientos. En ese cargo ha participado en operativos para retirar máquinas expendedoras de vapeadores y en campañas para promover el reporte de emergencias sanitarias.
Los comerciantes denunciaron ante MILENIO que las inspecciones se centraban en supuestos incumplimientos relacionados con la calidad del agua y la documentación obligatoria. Tras detectar irregularidades —reales o inducidas—, algunos verificadores presuntamente ofrecían evitar las sanciones a cambio de pagos periódicos. La información pública sobre Morales Mézquita es limitada y no se le conoce trayectoria previa fuera de la ventanilla estatal.
¿De cuánto son las mordidas y cómo operan las inspecciones amañadas?
Las "mordidas" a empresarios y comerciantes en Tulum van de 20 mil a 50 mil pesos, según testimonios recogidos por MILENIO. La modalidad denunciada consiste en inspecciones amañadas donde los verificadores llegan con pruebas presuntamente alteradas para acreditar fallas inexistentes, particularmente en la calidad del agua, y luego ofrecen desaparecer el hallazgo a cambio de dinero.
La Cofepris precisó a MILENIO que no cuenta con delegación municipal en Quintana Roo y que las labores de vigilancia sanitaria corresponden exclusivamente a la DPRIS estatal. El problema, además, no se limita al ámbito sanitario: una pareja de turistas ingleses fue obligada a pagar 21 mil pesos por una prueba de alcoholemia irregular, mediante transferencia bancaria y sin recibo, según relataron al mismo medio. Las denuncias apuntan también a policías municipales y agentes de tránsito como parte del ecosistema de extorsión.
"Durante los últimos cinco años han recibido diversas quejas de hoteles, restaurantes y comercios relacionadas con presuntas extorsiones por parte de inspectores sanitarios."
— Eugenio Barbachano, regidor y presidente de la Comisión Anticorrupción del Cabildo de Tulum, en declaraciones a MILENIO
¿Qué otros escándalos han sacudido al gobierno de Tulum?
Las acusaciones contra Morales Mézquita se suman a una cadena de escándalos que han golpeado al municipio. Vicente Francisco Aldape Moncada renunció de forma irrevocable a la Tesorería Municipal tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún por posesión de armas y dinero no declarado; presentó su carta de renuncia fechada el 3 de julio ante el presidente municipal Diego Castañón Trejo, y el Ayuntamiento confirmó su separación mediante comunicado.
A ello se agrega la separación del director de la policía de Tulum, Óscar Alberto Tapia Gómez, tras denuncias de pescadores de Punta Allen que aseguraron haber sido hostigados en retenes presuntamente ilegales. El secretario de Seguridad Pública municipal, Edgar Aguilar Rico, confirmó que Asuntos Internos ya integró el expediente. En paralelo, la Fiscalía General del Estado detuvo a dos hombres, Juan Carlos "N" alias "El Coquerito" y Óscar "N" alias "El Nazario", acusados de reclutar menores de otros estados por redes sociales para obligarlos a vender droga en la zona costera.
El desgaste institucional coincide con una caída turística documentada: la zona arqueológica de Tulum registró 257,978 visitantes en el primer trimestre de 2026, una baja del 33.1% frente a los 385,879 del mismo periodo de 2025, según cifras del INAH. La suma de extorsiones, escándalos policiales y renuncias por presuntos delitos configura un panorama en el que ninguna autoridad —municipal, estatal o federal— aparece hasta ahora como responsable de detener el caos que empresarios y visitantes denuncian a diario.
