Francia aprobó formalmente sus presupuestos para 2026 el lunes 2 de febrero de 2026, a pesar de que el gobierno del presidente centroderechista Emmanuel Macron enfrentaba dos mociones de censura. La aprobación se logró cuando el primer ministro Sébastien Lecornu activó el polémico Artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que permite la adopción del proyecto de ley de finanzas sin requerir la votación directa del Parlamento. Este movimiento puso fin a meses de tensos debates políticos.
El uso del Artículo 49.3, un procedimiento criticado que ya ha sido empleado repetidamente por el gobierno desde 2022, permitió adoptar el presupuesto sin el voto de los legisladores. Lecornu se vio obligado a esta medida al carecer de una mayoría estable en la Asamblea Nacional, la cual permanece profundamente dividida en tres bloques principales —izquierda, centroderecha y ultraderecha— desde el adelanto electoral de 2024.
La imposición constitucional: Lecornu y la estrategia de evitación
El primer ministro Lecornu había prometido inicialmente que el Parlamento votaría las cuentas. Sin embargo, la falta de consenso sobre la segunda parte relativa al presupuesto del Estado lo obligó a dar marcha atrás y activar la herramienta constitucional el viernes anterior a la fecha de aprobación.
La única vía legal disponible para los diputados para impedir la adopción automática era aprobar una de las mociones de censura presentadas. El gobierno de Macron superó este obstáculo político.
Resultados de la votación de censura
Estatus de Mociones
Análisis de brecha para mayoría legislativa
Ambas mociones, al quedarse cortas de los votos necesarios para prosperar, decayeron y permitieron la entrada en vigor inmediata del proyecto de ley de finanzas de 2026.
La compleja estrategia de negociación con la oposición
Antes de activar el 49.3 para el presupuesto del Estado, Lecornu había demostrado una capacidad de negociación con la oposición socialista. Esta táctica le permitió adoptar, en diciembre, la primera parte de las cuentas: el presupuesto de la Seguridad Social.
El costo de esta cooperación política fue un compromiso significativo: la suspensión de la reforma de las pensiones impuesta por Macron hasta el año 2028. Aunque esta negociación aseguró una parte del plan fiscal, no logró establecer la mayoría necesaria para la totalidad del proyecto.
Objetivos fiscales y el saneamiento de cuentas públicas
Los presupuestos adoptados buscan principalmente sanear las endeudadas cuentas públicas de Francia, que actualmente ostenta el título de segunda economía de la Unión Europea (UE). El plan económico establece una meta clara de reducción del déficit público, considerada clave para la estabilidad fiscal.
Metas económicas del presupuesto 2026
- Déficit público 2025 (Cierre): 5.4 por ciento del PIB.
- Déficit público 2026 (Meta): 5 por ciento del PIB.
La adopción de estas cuentas supone un respiro importante para el gobierno a 15 meses de la próxima elección presidencial de 2027, a la que el presidente Macron ya no podrá presentarse. Permite al ejecutivo avanzar en otras políticas pendientes tras meses de estancamiento.
Ante los diputados, Lecornu urgió a la Asamblea a dejar de lado la contienda: "Es hora de pasar a otra cosa", mientras denunciaba un "ambiente electoralista" exacerbado por las inminentes municipales de marzo y la presidencial de 2027.
Entre las iniciativas clave que ahora pueden avanzar en los próximos meses, se encuentran el aumento del gasto militar, el desarrollo de un proyecto de ley de "emergencia" agrícola para responder a los reclamos del sector primario y la implementación de la nueva estrategia energética de Francia.
La aprobación del presupuesto, aunque necesaria para la estabilidad económica, ilustra el precario equilibrio político de Francia. La capacidad del gobierno para eludir el voto parlamentario mediante el Artículo 49.3 evidencia la profunda polarización existente en la Asamblea Nacional. Este mecanismo, mientras resuelve la inestabilidad fiscal inmediata, plantea la pregunta sobre si la gobernanza por decreto puede sostener la legitimidad democrática a largo plazo, especialmente cuando se acercan los cruciales ciclos electorales.
