El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el domingo 8 de febrero de 2026 un paquete de medidas que, de manera efectiva, simplifica a los colonos de Cisjordania la adquisición de tierras privadas y, simultáneamente, transfiere mayor poder de aplicación de la ley a las autoridades israelíes sobre la población palestina. Estas disposiciones, consideradas peligrosas e ilegales por el presidente palestino, Mahmud Abbas, han sido interpretadas como un paso hacia la anexión de facto del territorio reocupado.
La decisión de 2026 elimina regulaciones vigentes por décadas que impedían a ciudadanos judíos privados realizar compras de terrenos en la Cisjordania reocupada, área que los palestinos reclaman como parte de un futuro Estado independiente. Este movimiento es clave para entender la escalada de tensiones, dado que gran parte de la región sigue bajo control militar israelí, limitando el autogobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El alcance de las nuevas facultades israelíes en Cisjordania
Según reportes de los sitios web de noticias israelíes Ynet y Haaretz, citando al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y al ministro de Defensa, Israel Katz, las modificaciones aprobadas por el Gabinete de Seguridad van más allá de la compra de tierras. El paquete introduce una serie de competencias ampliadas para las autoridades israelíes, impactando directamente en la administración civil de áreas actualmente gestionadas por la ANP.
Las nuevas disposiciones consolidan la supervisión israelí en aspectos que anteriormente requerían coordinación o estaban bajo la jurisdicción limitada de la ANP.
Listado de nuevas competencias otorgadas a Israel (Febrero de 2026)
- Eliminación de barreras de compra: Se anulan las regulaciones que obstaculizaban a los ciudadanos judíos privados la adquisición directa de tierras en la Cisjordania reocupada.
- Administración religiosa: Se permite a las autoridades israelíes administrar directamente ciertos lugares religiosos dentro del territorio.
- Ampliación de supervisión legal: Se extiende el control y la aplicación de la ley israelí a las zonas bajo administración de la ANP, específicamente en tres áreas sensibles:
- Riesgos medioambientales.
- Delitos relacionados con el agua.
- Daños a yacimientos arqueológicos.
Este aumento de la supervisión legal en áreas clave, como el control de recursos hídricos y la protección de patrimonio, otorga a las autoridades israelíes instrumentos de presión y vigilancia sin precedentes sobre las actividades en las zonas gestionadas por la ANP.
La respuesta de Abbas y el contexto geopolítico previo a la cumbre
El presidente palestino, Mahmud Abbas, reaccionó de inmediato a las medidas. Declaró que estas eran "peligrosas, ilegales y equivalentes a una anexión de facto", evidenciando el nivel de riesgo que percibe en la consolidación del control civil y territorial israelí.
En respuesta a esta maniobra, Abbas instó al presidente estadunidense, Donald Trump, y al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir de manera urgente para frenar las disposiciones.
Esta aprobación ocurrió solo tres días antes de la crucial reunión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump en Washington. Netanyahu, quien es prófugo de la Corte Penal Internacional, viajó a Estados Unidos en un momento de alta sensibilidad política.
Si bien la administración Trump había descartado explícitamente la anexión total de Cisjordania, no ha mostrado disposición a moderar el ritmo acelerado de construcción de asentamientos por parte de Israel. Los palestinos sostienen que esta expansión constante de los asentamientos y la merma continua de su territorio hace inviable la creación de un posible Estado independiente.
