Durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump presuntamente utilizó su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados políticos a una escala calificada como sin precedente en la historia de Estados Unidos. Según cálculos de The New York Times, la fortuna familiar incrementó más de 1.4 mil millones de dólares, aunque otros reportes, como el de The New Yorker, estiman que la cifra podría haber superado los 4 mil millones de dólares.
Este enriquecimiento se articuló mediante el lucro con fondos donados, la obtención de contratos gubernamentales, el otorgamiento de indultos a criminales vinculados y, de manera clave, a través de negociaciones con empresas y gobiernos extranjeros que buscaban favores. Varios medios y legisladores demócratas han documentado estos esquemas, señalando la monetización directa de la presidencia en contraposición al juramento de servir al pueblo estadounidense.
Los mecanismos de la acumulación de riqueza
Diversos reportajes han abordado cómo el magnate está monetizando la presidencia. Incluso la National Review, antigua revista conservadora fundada por el famoso intelectual de derecha William F. Buckley, publicó una serie de cinco partes sobre este tema.
Un ejemplo clave involucra a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, la empresa de criptomonedas más grande del mundo, quien ayudó a lanzar World Financial Liberty (WFL), la compañía de la familia Trump, justo antes de que el magnate asumiera la presidencia.
La conexión se hizo aún más evidente cuando, nueve meses después de su regreso a la Casa Blanca, el presidente indultó a Zhao. Esto ocurrió a pesar de que el fundador de Binance se había declarado culpable en 2023 de cargos de lavado de dinero. El Departamento de Justicia había indicado que Zhao convirtió a Binance en un canal de financiamiento clandestino para "terroristas, cibercriminales y abusadores de menores de edad", y aun así, el presidente estadounidense lo perdonó.
Negocios secretos en Medio Oriente
Gran parte de la recaudación de fondos de la familia se concentra en Medio Oriente. The Wall Street Journal reportó que un miembro prominente de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, apodado el "jeque espía", firmó un acuerdo secreto con Eric Trump para invertir 500 millones de dólares en World Financial Liberty, tan solo cuatro días antes del inicio del actual periodo presidencial del magnate.
Esta inversión multimillonaria fue seguida por una acción gubernamental significativa en marzo del año pasado: el gobierno de Trump levantó una prohibición sobre la venta de chips de computadora sofisticados a la monarquía de ese país del golfo árabe.
Cuestionamientos éticos y la respuesta oficial
La Casa Blanca ha desestimado sistemáticamente cualquier conflicto de intereses. Anna Kelly, una de las voceras, ha repetido que el presidente Trump "sólo actúa en los mejores anhelos del público estadunidense" y que todos los negocios de los Trump están controlados por sus hijos, sin la participación directa del presidente.
No obstante, diversos medios nacionales han señalado que el indulto de Zhao y la inversión secreta de un país extranjero en una empresa del presidente "ofrece más que sólo la apariencia de un conflicto de intereses".
The New York Times opinó que es "imposible saber qué tan frecuentemente Trump toma decisiones oficiales, en parte y completamente, porque quiere ser más rico. Y ese es precisamente el problema."
Esquemas de pago por acceso y fondos de infraestructura
En el Congreso, la minoría demócrata, liderada por el diputado federal Robert Garcia, ha creado un sitio de internet para documentar los llamados "esquemas de pago para jugar" en negocios del presidente.
Estos esquemas han contribuido a ganancias calculadas en 2.25 mil millones de dólares provenientes de depósitos desde el extranjero y de "oligarcas corruptos". Si se incorpora el valor de los bienes de capital digitales, el total se eleva a 9.7 mil millones de dólares, con al menos 436 millones provenientes de intereses extranjeros.
Los favores a cambio de contribuciones
Si bien la práctica de bufetes de abogados dedicados a clientes que buscan algún favor de la Casa Blanca ha sido tradicional, la escala actual es destacable.
Por ejemplo, Trump ha perdonado a la misma persona por segunda vez, después de que esta fuera arrestada y condenada nuevamente por actividad criminal, todo a cambio de "contribuciones" o inversiones que benefician al mandatario y a su familia.
En la planeación de los festejos por el 250 aniversario de la declaración de independencia de Inglaterra, aliados del presidente están ofreciendo acceso y otros beneficios a donantes que aporten por lo menos un millón de dólares a un nuevo grupo. Entre las iniciativas ostentosas se proponen:
- La construcción de un arco de triunfo.
- Una carrera de Fórmula 1 por las calles de la capital.
- Actos de lucha libre.
Para una contribución de 2.5 millones de dólares, el donante recibirá la oportunidad de hablar en uno de estos eventos.
El salón de baile y los contratos federales
El mandatario también ha solicitado fondos privados para construir un grandioso salón de baile en el ala este de la Casa Blanca.
Public Citizen, una organización de protección de derechos y del consumidor, documentó que 15 de los 24 donantes empresariales que participan en este proyecto tienen, en conjunto, 279 mil millones de dólares en contratos con el gobierno federal durante los pasados cinco años.
Robert Weissman, director de Public Citizen, acusó que estas empresas "no están financiando el salón de baile por sentir de orgullo cívico". Añadió que tienen intereses masivos ante el gobierno federal e "indudablemente esperan ganar favores y recibir trato favorable de inversión de la administración de Trump".
Este cúmulo de revelaciones ocurre a pesar de que la práctica podría haber generado un grave escándalo en otros tiempos o países, lo que sugiere una peligrosa normalización de la ética. Después del primer año de Trump, Transparencia Internacional registró que Estados Unidos bajó un escalón, del lugar 28 al 29, alcanzando su calificación más baja jamás registrada en este índice anual de corrupción entre 182 países.
La pregunta real ya no es si el dinero influye en la política estadounidense; eso es una práctica tradicional bien documentada. El análisis de estas transacciones sugiere un cambio cualitativo: la fusión literal del interés corporativo familiar con la política exterior y la justicia. Si la presidencia se cotiza como un activo financiero, ¿qué queda de la promesa de servicio público para los ciudadanos de Estados Unidos?
