El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó el jueves 5 de febrero de 2026 los pronunciamientos de China y Hong Kong, defendiendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos en el canal operados por la filial de CK Hutchison Holdings. Mulino fue enfático al afirmar que Panamá es un Estado de Derecho con un sistema de justicia independiente, rechazando categóricamente cualquier intento de amenaza o influencia extranjera sobre la soberanía de la vía fluvial.
La controversia escaló luego de que la Corte Suprema panameña dictaminara la inconstitucionalidad de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC) —la subsidiaria de Hutchison en Panamá—, un fallo que, según el análisis geopolítico, impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear la influencia china sobre esta estratégica ruta marítima.
El rechazo frontal de Mulino a la influencia extranjera
Durante su conferencia semanal, el mandatario panameño abordó directamente los comunicados difundidos por autoridades de Hong Kong y Macao, así como los comentarios posteriores de China, calificando la postura de Panamá como una defensa de la dignidad nacional.
Mulino declaró sin ambages: "Panamá es un país digno, tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra", insistiendo en que la comunicación diplomática de Panamá con Beijing se canaliza exclusivamente a través de la Cancillería, considerando a Hong Kong solo como una región administrativa especial de China.
El presidente subrayó que la decisión de la Corte es "única, es definitiva, es final y toca acatarla".
Contraste institucional entre Panamá y Beijing
Una de las aristas más críticas del discurso de Mulino fue la distinción entre el sistema político panameño y el chino, una comparación que pone de relieve la independencia judicial como baluarte de la soberanía.
"Hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista Chino y una institucionalidad democrática que es la que rige en Panamá", explicó el presidente, posicionando el sistema judicial panameño por encima de las presiones económicas o políticas externas.
Consecuencias directas del fallo y la respuesta de PPC
Cinco días después de conocerse el dictamen, Panama Ports Company (PPC) anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional. La empresa acusó formalmente al Estado panameño de realizar una campaña dirigida específicamente en su contra.
El presidente Mulino rechazó estas acusaciones de manera absoluta: "Yo rechazo en lo absoluto que Panamá ha tenido un año hostigando o amenazando a la empresa china hongkonesa. Eso es total y absolutamente falso".
El mandatario aclaró que, si bien se mantuvieron conversaciones con PPC durante el último año, tanto en Panamá como en el exterior, la posibilidad de un fallo adverso por parte del órgano judicial siempre estuvo considerada. Reiteró que, mientras el fallo no se ejecute, PPC continúa operando con normalidad.
Estrategia de transición portuaria: Checklist de acciones definidas
El gobierno de Panamá tiene definida una estrategia de manejo de la transición desde hace un año, buscando asegurar la tranquilidad del mercado naviero y la comunidad portuaria. Los pasos a seguir buscan una salida ordenada y estructurada tras el cese formal de la concesión de PPC.
Mulino aseguró que el objetivo clave de esta planificación es disipar cualquier duda sobre la estabilidad y continuidad operativa de los puertos panameños, un activo geopolítico clave.
