La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su firme discrepancia ante la propuesta del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de elevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, señalando falta de sustento y manipulación informativa por parte de agrupaciones civiles nacionales.
Discrepancia institucional frente a la cooperación internacional
La postura de la CNDH respecto a la decisión del CED es de rechazo absoluto. El organismo sostiene que la intención de promover medidas de cooperación técnica, asistencia especializada y apoyo financiero carece de una base sólida. Según el pronunciamiento oficial, estas acciones pretenden replicar dinámicas de colaboración internacional que, en administraciones pasadas, se impulsaron sin generar una mejora tangible en la situación de los derechos humanos en territorio mexicano.
Esta resistencia se fundamenta en la percepción de que se intentan imponer recetas externas fallidas. La Comisión enfatiza que dichas propuestas ignoran la realidad nacional y muestran una carencia de sensibilidad hacia los avances reportados tanto por el gobierno federal como por la propia CNDH ante el Comité.
Crítica a la selectividad de los organismos multilaterales
El análisis institucional extiende su crítica hacia el papel de los organismos internacionales en el escenario global. Se destaca la existencia de otros contextos de inestabilidad donde estas instancias no muestran interés ni injerencia, a pesar de las amenazas a la paz mundial.
*Debate: Soberanía institucional vs. Escrutinio internacional en derechos humanos.
Cuestionamiento al Centro Prodh y el agotamiento de instancias
Para la CNDH, la participación del CED solo sería legítima si se hubieran agotado previamente todas las instancias legales y administrativas nacionales. El organismo lamenta que el Comité haya optado por validar la visión de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), calificándola de sesgada.
El informe del Centro Prodh ha sido señalado por cuestionar los cambios legales e institucionales de los últimos meses, tildándolos de insuficientes y carentes de coordinación. La CNDH argumenta que estas organizaciones prefieren solicitar ayuda externa, omitiendo los esfuerzos financieros y presupuestales realizados por el Estado mexicano en los últimos siete años, lo cual contraviene los artículos 30 y 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Contradicciones en el análisis de la militarización
La Comisión identifica una contradicción directa en el discurso del CED respecto a la estrategia de seguridad. Históricamente, el Comité vinculó la "guerra contra el narcotráfico" iniciada en 2006 con el aumento de desapariciones forzadas. Sin embargo, en comunicaciones recientes, el CED afirma que no existen indicios suficientes para equiparar el enfoque militarizado de la seguridad pública con una política federal de desaparición forzada intencional.
Ante esto, la CNDH recuerda que el periodo iniciado por Felipe Calderón contó con un secretario de seguridad pública sentenciado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, cuestionando la memoria histórica y la consistencia del Comité en sus evaluaciones sobre la política de seguridad y sus efectos en la población civil.
Resultados en la atención de desapariciones y labor de esclarecimiento
La defensa del trabajo institucional se apoya en la documentación de casos pertenecientes a periodos críticos como la "Guerra Sucia" (1951-1990) y el sexenio 2006-2012. El organismo subraya que las desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales presentan una tendencia descendente desde el año 2018.
- Justicia retrospectiva: Se han emitido 14 recomendaciones por hechos de años anteriores que fueron ignorados por administraciones previas.
- Atención expedita: La gestión actual ha emitido 5 recomendaciones sobre casos recientes, asegurando una respuesta rápida a las violaciones detectadas.
- Reducción estadística: Se afirma que el fenómeno de desaparición forzada por agentes federales ha llegado a niveles de práctica desaparición en el ciclo actual.
